El alcalde de Teruel, Manuel Blasco, se comprometió ayer a reunirse con los vecinos del asentamiento gitano de Pomecia en un intentó de desactivar la alarma social generada por la oleada de órdenes de derribo remitidas por la Gerencia de Urbanimo el pasado mes de diciembre. La comunicación de la demolición afecta a 31 construcciones levantadas sin licencia fuera de suelo urbano y sin autorización de la propietaria.

Manuel Blasco realizó su anuncio tras una reunión mantenida con el presidente de la asociación de vecinos de Pomecia, José Gabarre. El alcalde consideró que se han producido "malentendidos" que han crispado el ambiente y reiteró su postura de que no se procederá a ninguna demolición de viviendas hasta que no esté resuelta la reubicación de sus ocupantes. Exigió, no obstante, la paralización de cualquier nueva construcción. Añadió que apelará al Plan de Vivienda Social de Aragón 2012-2015 para buscar una alternativa residencial para la población del barrio gitano, donde viviendas dignas se mezclan con infraviviendas. Blasco dijo que los contactos con el Gobierno aragonés se mantienen desde hace varios meses.

La principal propietaria del suelo de Pomecia, Isabel Gorbe, consideró que el Plan de Vivienda Social "viene como anillo al dedo" para resolver la ocupación ilegal derivada del asentamiento. Añadió que también pueden ayudar a financiar la operación las plusvalías derivadas de la venta del suelo de la Fundación Ollerías Siglo XXI, a la que la propia Gobre cedió parte de los terrenos sobre los que se asienta Pomecia. La entidad sin ánimo de lucro tiene, entre sus finalidades, la solución de la problemática derivada del poblado gitano.

Isabel Gorbe planteó al director general de Vivienda, Rogelio Silva, en una reciente reunión que Pomecia sea objeto de un "proyecto piloto" del Plan de Vivienda. Reclamó una urgente reunión con el Consistorio y la DGA para tratar este asunto porque, a su juicio, "el Ayuntamiento no puede esconderse más y debe afrontar la situación". Afirmó que tanto el consejero de Obras Publicas, Rafael Fernández de Alarcón, como Rogelio Silva son buenos conocedores de la situación.

Isabel Gorbe se mostró muy crítica con la actitud municipal. Afirmó que desde hace 19 años denuncia las ocupaciones de suelo sin éxito. Además, considera que el propio Ayuntamiento ha contribuido con su labor a estimular el crecimiento del poblado al dotarlo de algunas infraestructuras a veces ocupando terrenos de la propia Gorbe sin haberlos adquirido ni expropiado. Denunció que las obras municipales han invadido así más de 4.000 metros cuadrados de su titularidad.

Recurso contra el derribo

Los afectados por las órdenes de derribo han presentado alegaciones en contra que todavía no han sido resueltas por el Ayuntamiento. El arquitecto autor de los recursos, Lucas Cañada, explica en su argumentación que 14 de las 31 edificaciones con orden de demolición estaban construidas hace más de 15 años, 9 lo estaban parcialmente y el resto no existían. Según la legislación, los derribos de obras sin licencia solo pueden ordenarse para edificios con menos de diez años, salvo que ocupen suelos especialmente protegidos o destinados a zonas verdes o calles. El recurso considera que esta circunstancia no se da en ningún caso, en contra del criterio de la Gerencia de Urbanismo.

De acuerdo con el argumento de los recurrentes, se han producido errores de bulto al sostener que las viviendas se levantan sobre suelo destinado a espacios verdes, espacios libres públicos o no urbanizables. Sostienen, por el contrario, que se encuentran, según los casos, en suelo urbano no consolidado y urbanizable.

Lucas Cañada criticó que el Ayuntamiento ni siquiera haya respondido a la petición formulada por los vecinos para que concrete el plazo fijado para las demoliciones, porque el decreto de la Gerencia de Urbanismo se limita a decir que se realizarán de forma "inmediata".