Sanidad cambia a partir del 1 de octubre la financiación pública de los medicamentos dispensados en farmacias hospitalarias para personas que no están hospitalizadas. A partir de ese día los enfermos deberán pagar el 10% del precio, sin superar nunca los 4,20 euros por envase. Aunque el Gobierno aragonés asegura que todavía no se podrá aplicar la medida en la Comunidad y que estudia medidas compensatorias analizando "caso por caso", los enfermos crónicos muestran su preocupación y critican una medida que consideran injusta.

Eva Navaridas tiene 43 años vive en Huesca y tiene que bajar a Zaragoza una vez cada 28 días para recoger su medicación en el hospital Miguel Servet. Tiene esclerósis múltiple y con el nuevo copago hospitalario deberá costear parte de las pastillas que necesita para impedir el avance de la enfermedad.

"No me parece justo, hay enfermedades muy graves que se verán afectadas por la medida y encima que no estás bien, te ponen más problemas todavía", critica.

Eva vive con sus padres y está en el paro aunque todavía cobra la prestación por desempleo. "Cuando se acabe ya veremos qué hacemos", comenta. Además del copago ella deberá hacer frente al coste del viaje mensual de ida y vuelta a Zaragoza. "En Huesca se negaron a darme un tratamiento, y ahora que aquí estaba controlada y bien tratada me ponen todavía más trabas", explica.

Según sus propios cálculos el tratamiento actual cuesta cerca de 2.000 euros al mes. Si la medida del Gobierno se concreta en Aragón, ella tendría que costear el 10% de ese total, con un máximo de 4,20 euros que sería lo que le correspondería. "No sé quién es el responsable de esto, pero que me lo expliquen porque yo no lo entiendo, sé que está todo mal pero hay otras maneras de sacar dinero", concluye Eva.

"Al final costará mucho más al sistema"

Erika Muñoz, otra oscense de 37 años tiene una insuficiencia renal que le obliga a ir a diálisis tres días a la semana mientras espera un trasplante.

Erika ya hace frente a otros medicamentos que necesita y compra en la farmacia como insulina, pastillas para la tensión, antidepresivos, etc. Pero ahora está a la espera de saber qué ocurrirá con aquellos que le dispensan en el propio hospital. "Ha llegado todo de sopetón y aún no sabemos bien qué va a pasar ni qué tendremos que pagar pero si empiezan con estos medicamentos detrás irá lo que te dan cuando te ingresan", comenta.

Erika tiene decretada una incapacidad total que le impide trabajar y con su pensión hace frente a la hipoteca y cuida de su hija de 12 años. "Está claro que si llega un momento en que hay que pagarlo todo mucha gente no podrá afrontar los tratamientos. Yo voy solventando la situación pero si al final tuviera que elegir entre comprar medicación o comprar comida para casa las dos opciones serían igual de malas", añade.

"Todos sabemos que la Sanidad es muy cara pero no es lo mismo para alguien con una pensión de 1.000 euros que para uno que cobre solo 400, en este sector y en Educación no se debería recortar porque al final costará mucho más al sistema", cree Erika.

A pesar de todo, reconoce que el Gobierno de Aragón se está "portando muy bien" con los enfermos renales, "se está esforzando mucho en pagarnos el transporte sanitario, algo que en otras comunidades no hacen", concluye.

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