La nueva regulación comunitaria para la agricultura ecológica dio ayer un paso. No fue decisivo –falta todavía la negociación con la Comisión y el Parlamento Europeo–, pero sí de gigante, porque a priori las enfrentadas posturas que mantenían los Estados miembros no hacía presagiar un final feliz. Sin embargo, tras el infructuoso intento del pasado mes de mayo y ante la "probabilidad alta" de que un nuevo fracaso obligara a retirar la nueva propuesta para seguir adelante con la legislación vigente, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE limó ayer asperezas en Luxemburgo y logró sellar un acuerdo. La normativa, con la que se pretende favorecer el desarrollo del sector y adaptarlo a las demandas de los consumidores, es de vital importancia para España, uno de los mayores productores y exportadores de ese tipo de productos en la UE.

"Hemos logrado dar con una buena reglamentación. Al principio no era del gusto de los productores, pero lo acordado ahora dará al sector bio un futuro", explicó el ministro de Agricultura de Luxemburgo, Fernand Etgen, cuyo país asumirá la presidencia rotatoria de la UE a partir del próximo 1 de julio.

Con este acuerdo, Europa será más permisiva con la presencia de residuos fitosanitarios en las producciones ecológicas. No habrá umbrales o límites máximos, como proponía la Comisión, para desclasificar como orgánicos a los productos y, por el contrario, se aceptará la eventual presencia de esas sustancias en los productos ecológicos cuando sea fruto de una contaminación involuntaria, algo que debe determinarse tras una investigación por parte de las autoridades competentes.

El texto contempla, no obstante, la posibilidad de que los Estados miembros que cuenten ahora con umbrales puedan mantenerlos hasta diciembre de 2020, siempre que con ello no se prohiba, limite o impida la puesta en el mercado como orgánicos de productos de otros países. Porque, además, el objetivo es que establecer a las importaciones los mismos niveles de exigencia que se establecen a los europeos, eso sí, con periodos transitorios para dar a los productores tiempo para adaptarse.

El acuerdo ha cerrado también las discrepancias en torno a los controles. Así, se prevé que estos se realizarán sobre el terreno cada año, aunque podrían espaciarse hasta los tres años en el caso de aquellas explotaciones para las que las evaluaciones de riesgo concluyan que no es necesaria una mayor frecuencia.

En este Consejo de Ministros europeo participó el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, que durante el primer semestre de 2015 ha acompañado a la ministra, Isabel García Tejerina, como titular de las representación autonómica directa en la delegación española ante dicho organismo. Lobón valoró el acuerdo, al que calificó como "una base para seguir negociando", pero reconoció que "no es totalmente satisfactorio". El consejero aragonés aplaudió que los periodos establecidos para la realización de los controles de los procesos de producción y se mostró satisfecho con las exigencias a las importaciones de alimentos de países terceros. Pero no ocultó su decepción ante la decisión del Consejo de Ministros de permitir la presencia de residuos fitosanitarios en los alimentos orgánicos.

"Aragón no comparte esta solución", señaló el consejero, para quien "la tolerancia debe ser cero, independientemente de la culpabilidad o no del productor, como es en España, porque está en juego el prestigio de los productos ecológicos y del propio concepto de la ecología". Para Lobón, además, a largo plazo "este proceder iría también en contra del productor", puntualizó.