Las comarcas firman entre críticas los convenios con la DGA

Como novedad, hay una partida específica para las escuelas infantiles, pero algunas rechazan asumirlas.

Los 32 presidentes comarcales rubricaron ayer sus respectivos convenios con el Gobierno aragonés
Los 32 presidentes comarcales rubricaron ayer sus respectivos convenios con el Gobierno aragonés
J. M. Marco

Con más o menos reticencias, los presidentes de las 32 comarcas firmaron ayer con el consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, los convenios para políticas sociales, protección civil, extinción de incendios y, como novedad, los acuerdos específicos para la financiación de las escuelas infantiles. En total, se destinarán 20.915.167 euros, aunque Suárez solo pudo comprometerse ayer a "intentar cumplir" los plazos de pago, tras reconocer los retrasos de 2014 por "problemas de tesorería".


En este sentido, explicó que ya ha hablado con la Dirección General de Presupuestos "para tener un calendario", porque "lo deseable –dijo– es que se pague lo antes posible". Al menos, en este año electoral la firma de los convenios se ha adelantado, ya que en 2013 no se cerraron hasta mayo y en 2014 se demoraron hasta julio.


Por una parte, se repartirán 14.754.000 euros para vertebrar el territorio, sufragar servicios sociales como la teleasistencia y actuaciones de prevención y extinción de incendios, como la limpieza preventiva de montes. Las cantidades que recibirá cada territorio oscilan entre los 266.155 euros que recibirá Campo de Belchite y los 1.162.156 de la Hoya de Huesca.


Un segundo convenio permitirá financiar las escuelas infantiles. Política Territorial transferirá este año a las comarcas 6.161.167 euros para que sufraguen los gastos de personal, que antes asumía Educación. La mayor cuantía será para Valdejalón (500.000) y la menor, para Campo de Belchite (22.000).


Además, en los acuerdos con Sobrarbe, Cinca Medio, La Litera, Tarazona y el Moncayo, Ribera Alta del Ebro, Valdejalón, Ribera Baja, Bajo Aragón, Comunidad de Teruel y Matarraña se incluyen los 465.167 euros que la DGA adeudaba de 2014 por los gastos de las escuelas del plan Educa 3, que estaban en el limbo al quedarse sin financiación del Ministerio.


Precisamente, la obligación de asumir esta competencia, no transferida a las comarcas, fue una de las quejas que expresaron los presidentes –además de dudas sobre los criterios de reparto–, aunque todos coincidieron en que estos convenios "son necesarios". "No estamos de acuerdo y no queremos asumir las escuelas infantiles porque no son una competencia propia", afirmó Alfredo Zaldívar (PSOE), de la Ribera Alta del Ebro, quien reclamó además "una cláusula por la que se garantice el pago" de las partidas. Su homóloga de la Ribera Baja, Felisa Salvador, también socialista, coincidió en que los retrasos les obligan a "ir a salto de mata". En su caso, el secretario ha emitido un informe de reparo por las escuelas infantiles.


A este respecto, Suárez recordó que la gestión de este servicio ya estaba prevista en el tercer bloque de traspaso de competencias, por lo que consideró que las subvenciones son "un buen modelo transitorio" hasta que se haga efectiva la transferencia a las comarcas. Y lamentó que no se haya logrado el "gran acuerdo político" necesario para aprobar la ley de distribución de competencias (el PAR se descolgó), porque "era muy importante ajustarlas, especialmente entre comarcas y diputaciones".