El Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza acumula ya siete denuncias por apropiación indebida y administración desleal contra Liri Sociedad Cooperativa Aragonesa, constituida en 2008 para construir 228 viviendas en dos parcelas de Arcosur. Los denunciantes son personas que pagaron una fianza para que les reservaran uno de los pisos pero que finalmente, por distintos motivos, decidieron abandonar el proyecto. Aunque se les reconoció el derecho a recuperar las cantidades que habían adelantado, en algunos casos de hasta 50.000 euros, los afectados llevan más de cinco años esperando a hacerlo. Una demora que no entienden y de la que responsabilizan también a la empresa que se encargó de desarrollar el proyecto, GestiónComún CBC.

El problema no se reduce solo a estas siete personas que, cansadas de esperar, han decidido recurrir a la vía penal a través de abogadas como Trinidad Paño o Ana Gallego. De hecho, son decenas de excooperativistas los que están reclamando también la devolución de su dinero –la cantidad media es de unos 20.000 euros– a través de los juzgados de primera instancia. Sin embargo, son muy pocos los que hasta ahora han conseguido recuperar sus aportaciones, ya que la cooperativa dedicó el dinero a comprar el suelo y concluir los dos edificios –se entregaron las llaves a finales de 2012– y ahora alega falta de liquidez.

Los afectados por los impagos reprochan tanto al consejo rector de la cooperativa como a la empresa gestora que hayan dejado pasar el tiempo sin hacer frente a la deuda, ya que cuando había remanente prefirieron no pagarles y dedicarlo a otros gastos. Entre otros, a satisfacer los importantes emolumentos de la empresa gestora, que ha cobrado algo más de dos millones de euros por sus servicios.

Aunque las denuncias penales estaban repartidas por distintos juzgados de Zaragoza, los jueces se han inhibido en favor del titular del Juzgado de Instrucción número 1, José Ignacio Martínez, ya que fue este quien recibió la primera. Hasta ahora, obran en autos las declaraciones como imputados del presidente del consejo rector de Liri, Francisco Manuel M. C., y de uno de los administradores solidarios de la gestora, Javier Alberto B. J., quienes mantienen que se ha actuado conforme a los estatutos y que su intención es devolver las cantidades que se adeudan en cuanto sea posible. De hecho, aseguran que han intentado buscar soluciones a su falta de activos, ofreciendo a los afectados saldar la deuda con pasivo: viviendas, trasteros o plazas de garaje. Sin embargo, la oferta no convence a los denunciantes, que o no los necesitan o no consideran rentable la permuta. Sobre todo, después del tremendo frenazo que, como consecuencia de la crisis económica, ha sufrido la promoción de viviendas en Arcosur.

Cuando les preguntaron en el juzgado, los imputados no supieron precisar la cantidad de viviendas que quedaban por vender, aunque los afectados mantienen que no alcanzan la veintena. En teoría, la venta de las mismas debería permitir a la cooperativa afrontar la devolución de las fianzas abonadas por los excooperativistas.Pero el mercado está tan estancado que los afectados ven difícil poder recuperar su dinero, a corto o medio plazo, por esta vía.

Muchos de los afectados por los impagos dedicaron sus ahorros a desembolsar la señal que les exigía Liri. Otros, se vieron obligados a pedir un crédito para poner el dinero, por lo que no solo no han recuperado lo puesto sino que están pagando intereses por financiar las casas de otros.De ahí que los más desesperados se hayan acogido a la última oferta de la cooperativa, que pasa por devolver las fianzas a los excooperativistas con un quita del 50%. Opción que les ha obligado a pagar un ‘peaje’ de en torno a 10.000 euros.