Una británica pierde su batalla judicial para que se regule el suicidio asistido

Una mujer británica a la que en 1995 se le diagnosticó esclerosis múltiple ha perdido la batalla legal que promovió para que la Dirección General de Delitos Públicos clarifique su posición sobre la ayuda al suicidio asistido para enfermos terminales, ya que la Justicia ha considerado que todo pronunciamiento implica un cambio legislativo que competería al Parlamento.

La iniciativa de Debbie Purdy, de 45 años, ha supuesto un hito en la historia judicial de Reino Unido, ya que es la primera acción formal presentada en relación a la asistencia a la eutanasia y responde al interés de la mujer en determinar si su marido, el músico cubano Omar Puente, podría ser imputado en caso de ayudarla a viajar a Suiza, donde la eutanasia está legilizada. A la salida del tribunal, Purdy se mostró "muy decepcionada" por el fallo, que pese a reconocer "gran cercanía" tanto por su caso como el de "todos aquellos en una posición similar", subrayó que la demanda "implicaría un cambio en la ley".

"El delito de suicidio asistido presenta un plano muy amplio para que abarque todos los supuestos de circunstancias diferentes", recordaron el juez lord Scott Baker y el magistrado Aikens, quienes añadieron que "implica un cambio en la ley y sólo el Parlamento puede hacerlo".

Sin embargo, los abogados de la mujer alegaron que la incertidumbre en torno a la posibilidad de que exista una acusación en un caso como este sitúa a la Dirección de Delitos Públicos fuera de la Convención Europea de Derechos Humanos, que en su artículo ocho regula sobre el respeto a la vida privada y familiar.

Pese a ello, los responsables de la decisión consideraron que el organismo judicial no precisa de ninguna clarificación, si bien insistieron: "No podemos dejar este caso sin expresar gran simpatía por Debbie Purdy, su marido y otros en una posición similar que desean saber con antelación si se enfrentarán a una acusación por hacer algo que muchos consideran que la ley debería permitir, sobre todo para ayudar a un ser querido a ir al extranjero a acabar con su sufrimiento cuando no lo puede hacer por sí mismo".

Pero incidieron en que requiere modificar la normativa, una capacidad para la que sólo tiene competencia el Parlamento, si bien garantizaron a la mujer la autorización para recurrir al Tribunal de Apelaciones por considerar el caso de interés público.

La asistencia al suicidio es un delito que puede acarrear hasta 14 años de prisión en Inglaterra y Gales, pero se sabe que más de 90 británicos han ido con familiares a países en los que es legal, si bien nadie ha sido imputado.