Una asociación zaragozana exige que las antenas de móviles cumplan la ordenanza

Recopilan información, atienden quejas de vecinos y las trasladan a las instituciones. Desde hace ocho años, un grupo de ciudadanos preocupados por los posibles efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos, sobre todo los generados por las estaciones base de telefonía móvil, se reúne cada semana en los locales de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) para informarse y plantear medidas de acción. La Asociación en Defensa de la Salud (ASIDES), tiene ahora como objetivo que se cumpla el acuerdo adoptado en un pleno municipal del pasado mes de abril, en el que el consistorio zaragozano se comprometió a crear una mesa de seguimiento de las antenas de telefonía móvil y un mapa de su distribución en la ciudad.

"Nos preocupa la proximidad de las antenas a las viviendas, teniendo en cuenta que hay sospechas de que los campos electromagnéticos podrían tener efectos perjudiciales a largo plazo. Ya en el año 2000 había personas que expresaban cierto malestar neurológico a raíz de vivir cerca de estas instalaciones. El tema se trató en la FABZ, y se pensó crear una asociación de afectados", explica José Manuel Puértolas, vicepresidente de ASIDES.

"Siempre hemos tenido mucho cuidado en no relacionar el cáncer con la telefonía móvil, pero hemos notado que en ciertas zonas afectadas por un alto nivel de campos electromagnéticos, en un corto periodo de plazo, los casos de tumores se disparaban. Aunque los dos factores no estén directamente relacionados, ha aumentado la percepción del riesgo por parte de la gente", explica Puértolas. Esto se refleja en el volumen de quejas: cada semana llega algún ciudadano preocupado o que ha desarrollado alguna patología. ASIDES recoge la denuncia y hace un seguimiento del caso. "Nos gustaría saber hasta qué punto hay una relación. Por eso pedimos a Salud y Consumo que realice investigaciones serias, porque las que se están haciendo son poco rigurosas".

Aunque no son expertos en la materia, siguen con interés los resultados de todos los estudios que aparecen en este ámbito, como el Interphone, del que recientemente se publicaron los resultados provisionales que relacionan diferentes tipos de cáncer con el uso prolongado del teléfono móvil y que vienen a confirmar sus sospechas.

Su actividad les ha llevado a comparecer en las Cortes de Aragón y presionar para que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se aplique la ordenanza municipal de 2001, que en su día era "muy restrictiva" y que "las operadoras de telefonía móvil y otras acciones, como la eliminación de la instalación de antenas de móvil de la lista de actividades reguladas de Salud y Consumo, han dejado huérfana". Acusan al consistorio de no tener "interés en defenderla".

"No pedimos nada descabellado. En el mes de septiembre hubo una resolución del Parlamento Europeo que recomienda que se revise la legislación, porque el panorama ha cambiado". Y es que en esta última década, a las redes habituales se han unido otras, como las Wi-Fi o UMTS, y todavía se desconocen sus efectos a largo plazo.

Su lucha ha tenido algunos resultados. Por ejemplo, la retirada de la antena instalada en Julio García Condoy, por orden del TSJA. Actualmente, apoyan la batalla que mantienen algunos vecinos de la calle Pablo Ruiz Picasso. Hoy por hoy, hay unas 300 antenas en Zaragoza. De ellas, alrededor de 60 están cerca de puntos sensibles, aseguran desde ASIDES. "Nos preocupó mucho la instalación de la antena del Hospital Militar, que finalmente fue denegada por el Ayuntamiento. Pero las hay cerca de colegios, por ejemplo, la de Santo Domingo de Silos. Y es preocupante porque si el efecto de la antena fuese perjudicial, el daño sería enorme", alertan.

Estos activistas no están "en contra del progreso que suponen las telecomunicaciones". "Somos consumidores muy exigentes y queremos todas las garantías. Pedimos que se aplique el principio de precaución, porque esto no es como el asunto del tabaco, que es aleatorio. Los campos electromagnéticos son una imposición al ciudadano", concluye Puértolas.