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Sociedad
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REACCIONES A LA LEY DEL ABORTO

Los obispos españoles llaman a participar en manifestación antiabortista

La Conferencia Episcopal no ha dado ninguna instrucción a los prelados, pero llama a participar en la marcha de protesta porque es "legítima y conveniente".

A poco más de dos semanas de la manifestación contra la reforma de la ley del aborto en Madrid (17 de octubre), los obispos españoles llaman a participar en la marcha que los colectivos antiabortistas pretenden que sea multitudinaria. Es "legítima y conveniente tal convocatoria y la participación en la misma", indicó la Conferencia Episcopal Española (CEE), aunque no dió ninguna orden concreta a los prelados respecto a su asistencia a la manifestación. Serán los propios obispos quienes decidan a título personal si asisten o no.

El apoyo oficial de la Iglesia católica se suma así al llamamiento que ya realizó el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien sin embargo no acudirá a la manifestación del 17 de octubre por problemas de agenda.

La reforma de la ley, indicaron los obispos, "supone un serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y un daño irreparable para el bien común".

La nueva ley del aborto impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que inicia ahora su tramitación parlamentaria será una ley de plazos, lo que supone que la mujer podrá abortar en el transcurso de un plazo determinado -previsiblemente las primeras 14 semanas de embarazo- sin tener que alegar motivos.

El punto más polémico de la reforma es el hecho de que las adolescentes de 16 y 17 años puedan decidir abortar sin el consentimiento y el conocimiento de sus padres.

La futura ley supondrá la despenalización del aborto, que desde 1985 en España admitía tres casos en los que no se consideraba delito: riesgo para la salud física o psíquica de la madre, supuesto para el que no hay plazos siempre que haya aval de un dictamen médico; violación, en las primeras 12 semanas gestación; y malformación del feto durante las primeras 22 semanas.

Según el gobierno, se trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas, en un país que en 2007 registró 112.000 abortos, la mayor parte realizados en clínicas privadas, y en el que el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre se ha convertido en un "coladero".

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