“Llegué a contratar un detective para conseguir plaza escolar”

Cuando Raúl B. Gil presentó en la primavera pasada la solicitud de escolarización de su hijo de 3 años, nunca pensó que más de un mes después de que comenzase el curso seguiría peleando por conseguir una plaza, ni tampoco que tendría que haber contratado a un detective para descubrir que otros padres habían cometido fraude al presentar su solicitud.

Hasta ayer, Raúl no sabía exactamente si todos sus esfuerzos se verían finalmente recompensados. “Sabíamos que teníamos que ir a por todas, porque si nuestro hijo no entraba en el primer año, sería mucho más difícil después”, cuenta. Ayer mismo, Departamento de Educación del Gobierno autonómico les dio la noticia de que, finalmente, su hijo había conseguido plaza en el colegio deseado, pero le ha costado una larga retahíla de luchas y peleas.

Como muchos padres, Raúl se sentó un día con su mujer para valorar qué siete colegios iban a proponer. “Decidimos buscar plaza por domicilio laboral (en lugar del familiar), y la primera opción fue la de Carmelitas”, explica Raúl. Se quedaron los cuartos en la lista de espera. El niño no entró en ninguna de las siete opciones y lo enviaron a otro colegio distinto.

“Sabíamos que muchas familias hacían trampas con el padrón para tener más puntos. Por ello, viendo los posibles casos de fraude escolar, decidimos -aunque nos costara un importante esfuerzo económico- contratar a un detective para investigar a cinco familias sospechosas”, indica. Llegaron a invertir 1.800 euros y más de un quebradero de cabeza.

“En ningún momento queríamos echar a esas familias, pero la Administración nos obligó a llegar a este punto”, explica. De hecho, en todas las denuncias presentadas por ellos aclaraban que se conformarían con que el centro aumentara la ratio de las clases o que asignaran al niño a otro colegio de la lista.

“No nos cerramos en balde a Carmelitas. Pero no entendíamos por qué en unos colegios sí pueden aumentar la ratio y en otros no”, lamenta Raúl.

De esos cinco menores investigados, la Administración reconoció dos casos de fraude, ya que el domicilio administrativo no concordaba con la zona de escolarización. Por las mismas fechas, coincidió que uno de los niños de la lista de espera rechazó la plaza y, además, se produjo una baja voluntaria. “Así que, matemáticamente, nuestro hijo estaba dentro del colegio. Pero entonces nos dijeron que no nos podían dar la plaza porque la Administración se la guardaba”, indica. Fue un jarro de agua fría, y decidieron tomar medidas. “Con una abogada conocida, fuimos a por todas, incluso acudimos al Justicia de Aragón (que todavía no ha respondido por falta de tiempo) y no nos hubiera importado llegar a los tribunales”, incide Raúl.

Retraso burocrático

Desde Educación aseguran que solo ha habido un problema burocrático ya que las alegaciones al recurso de una de las denuncias llegaron más tarde de lo normal y que en ese lapso (mientras se resolvía la queja) se produjo una baja voluntaria de un niño del centro. “Cuando se da esta situación, la comisión de garantías (en la que están representados docentes, sindicatos y asociaciones de padres) tiene que confirmarla y es ella quien se encarga de decidir qué se hace con esa plaza”, señalan. Hasta este jueves no se reunió, y fue entonces cuando decidió que admitían al niño. Ahora solo falta matricular al pequeño.

A pesar del ‘final feliz’, esta familia lamenta el estrés y los quebraderos de cabeza de todo este proceso, así como los gastos que le ha supuesto escolarizar al pequeño en un colegio privado. “Como nosotros, hay muchas familias en la misma situación”, dice dolido este padre.