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MEDIO AMBIENTE

Las emisiones de CO2 repuntan y alejan a España del cumplimiento de Kioto

La generación eléctrica por carbón y el transporte son los principales culpables del nuevo crecimiento de 1,8 puntos, según el cómputo anual de "World Watch" y CC. OO.

El ligero descenso de las emisiones españolas de CO2 en 2006 fue un espejismo. En 2007 los vertidos de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global, volvieron a crecer por donde solían, un 1,8%, y se disparan hasta el 52,3%, cada vez más lejos del Protocolo de Kioto.

España es, un año más, el país firmante que más lo vulnera, aunque el presidente Rodríguez Zapatero asegura que el cambio climático es una de sus grandes prioridades. Los números, tozudos, dicen lo contrario.

El nuevo incremento de 1,8 puntos es la estimación anual que elaboran CC OO y la edición española de la revista medioambiental "World Watch". Oficiosa, sí, pero muy fiable. La de 2007 constituye un triste récord negativo para España. "Ha sido un muy mal año, récord absoluto de emisiones de España en su historia", precisó José Santamarta, director de "World Watch España".

Los culpables de este nuevo disgusto son, sobre todo, el sector de generación eléctrica, que consumió un 8,8% más de carbón y un 4,3% de gas para las plantas del ciclo combinado - el consumo de petróleo apenas subió un 0,7% debido a sus altos precios-, junto con el transporte; por carretera creció un 3% y un 5% el avión.

España entra en las peores condiciones en la fase de cumplimiento obligado de los acuerdos de Kioto, de 2008 a 2012. Dentro de cuatro años España debería emitir solo un 15% más de CO2 y demás gases de efecto invernadero de los que vertió en 1990, año de referencia del tratado.

Con un exceso de casi 33 puntos sobre ese tope y el fracaso hasta ahora de las estrategias gubernamentales, deshacerse a tiempo de ese lastre es misión imposible.

Así las cosas, solo queda pagar. Kioto permite compensar los excesos de CO2 de un país con la compra de derechos de emisión a otros países menos contaminantes, y con "mecanismos de flexibilidad", como inversiones en energías limpias en países en desarrollo. Pero eso costará mucho dinero, entre 3.500 y 4.000 millones de euros de aquí a 2012, "que no habría que desembolsar si el Gobierno hubiera hecho las cosas bien". Los fondos, para variar, saldrán del bolsillo de los consumidores, asegura Santamarta, "un 60% vía impuestos y el resto a través de la tarifa eléctrica".

Expectativas pesimistas

Para este 2008 las expectativas sobre las emisiones no son más optimistas - "el Gobierno no va a hacer nada probablemente porque ni quiere ni sabe", afirma- aunque, paradójicamente, la crisis económica y el barril del petróleo por las nubes pueden echar un mano y contener algo los vertidos de CO2.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino está evaluando los datos y califica de "evaluación no oficial" el informe difundido ayer.

"En relación con los datos, el Ministerio entiende que la evolución de gases efecto invernadero sí confirma el cambio de tendencia iniciado en 2005 en consumo de energía primaria, incrementando la eficiencia de la economía española", dice en una nota.

"Con arreglo a los datos de CC. OO., las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía primaria crecieron por debajo del Producto Interior Bruto, lo que permite hablar de una economía más eficiente y una mejora de la productividad", concluye.

El único dato positivo "per se" que destaca el informe es la evolución de las energías renovables. España es el tercer país en potencia instalada tras Alemania y Estados Unidos, y está a la vanguardia mundial en innovación tecnológica y exportación en eólica y solar.

Es "un sector modélico", afirmó Fernando Rodrigo, coordinador de la secretaría de Medio Ambiente de CC. OO., que necesita incentivos y un nuevo marco jurídico estable. Sin las renovables, las emisiones de CO2 aún serían un 6 ó 7% superiores, calculan.

CC. OO. y "World Watch" reclaman una ley de movilidad sostenible que ponga coto a las emisiones de CO2 del transporte; reformar el Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) y derivar las inversiones públicas del Gobierno para combatir la desaceleración económica al ferrocarril frente a la carretera, y a la rehabilitación de edificios y viviendas para reducir sus consumos energéticos.

También exigen una información "más transparente" al nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, y los datos de emisiones de CO2 desagregados por comunidades autónomas, "que se ocultan desde los gobiernos del PP", destacó Santamarta. Antiguo asesor de la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, Santamarta sabe de qué habla. En su momento, "me prohibieron darlos a conocer", apostilló.

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