"Hace tres años pedimos la ayuda de la Dependencia y no hemos cobrado"

Nati Millán, de 61 años, cuidó de su madre, Petra Navarro Sanchón, durante 15 años. Cuando en 2007 se anunciaron las ayudas para cuidadores de la Ley de la Dependencia, se alegró de poder contar con un apoyo. Petra estaba gravemente enferma y no se podía valer por sí misma (padecía el mal de Alzheimer e iba en silla de ruedas). Nati presentó la solicitud y en unos meses -después de mucho papeleo- le habían concedido la ayuda. Pero casi tres años más tarde, y tras el fallecimiento de su madre en marzo de 2008, aún no ha cobrado. "Estoy cansada e indignada por el retraso", afirma esta mujer, que dejó de trabajar para cuidar a su madre.

Nati y su hija, Silvia Alcalá, presentaron la solicitud el primer día de entrada en vigor de la ley, en abril de 2007. Los servicios sociales calificaron a la mujer como gran dependiente y reconocieron el derecho a la prestación máxima, en diciembre de 2007. La Dirección General de Atención a la Dependencia fijó la cuantía de la prestación en 481 euros mensuales, con efecto desde el 1 de junio de 2007.

Petra, natural de Moyuela (Zaragoza), vivía con su hija en Zaragoza desde que comenzaron los primeros síntomas de demencia senil. "No podía vivir sola en el pueblo y la trajimos a Zaragoza. Después se rompió la cadera y ya nunca volvió a andar", recuerda Nati. El 15 de marzo de 2008, Petra falleció a los 90 años y su hija aún no había cobrado la ayuda prometida por la Ley de la Dependencia.

"Un año después del fallecimiento de mi abuela, nos reconocieron el derecho como herederos a cobrar la cuantía total de la prestación, desde que se solicitó hasta la fecha de su fallecimiento. En total, 4.683 euros. He ido muchas veces a hacer trámites y entregar documentación. Todo el papeleo es muy complejo para una persona que no tenga conocimientos administrativos", explica Silvia, de 33 años, licenciada en Derecho y funcionaria.

Fuentes de Servicios Sociales de la DGA confirmaron ayer que la familia de Petra Navarro tiene derecho a cobrar la prestación, pero se trata de "un proceso complejo y lento", porque se mezclan la Ley de la Dependencia y la de Sucesiones. "Aragón reconoció el derecho de los herederos, pero se prioriza la gestión de los expedientes de los vivos. En el primer trimestre de 2010 se pagará un número importante de las ayudas que se deben a familiares de fallecidos", señalaron.

El pasado 29 de diciembre, cansada de esperar y de no obtener respuestas, Silvia fue a preguntar por el expediente a la Dirección General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). "Una responsable me dijo que estaba todo correcto, pero que no habían pagado todavía por un problema burocrático interno. Me contaron que hay 120 expedientes paralizados de personas fallecidas y no se hacen los pagos por un problema de cambio de competencias. La tramitación dependía antes de la Dirección General de la Dependencia y ahora del IASS. Y el pago de nuestros expedientes debe autorizarlo el Consejo de Gobierno", explica. "Nosotros no tenemos por qué sufrir los conflictos internos de la DGA. Es lamentable e indignante", subraya, y hace un llamamiento a las otras 119 familias para luchar juntas por su derecho.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social (de 1 de enero de 2010), cerca de 30.000 personas tienen derecho en Aragón a cobrar alguna de las ayudas previstas por la Ley de la Dependencia, de las que el 77% ya están percibiendo la prestación.