La imagen lo decía todo. En la sala Ernest Lluch del Congreso, se celebraba la Comisión de Economía y Hacienda. Punto único: la Ley de Economía Sostenible (LES). Punto de interés: la disposición final segunda que regula las descargas de archivos en la red y vela por los derechos de los autores, más conocida como ley Sinde.

Mientras los portavoces de los diferentes grupos políticos explicaban sus razonamientos, Josep Sánchez Llibre de CiU y el socialista Francisco Fernández Marugán paseaban por la parte alta con el móvil pegado a la oreja. De vez en cuando, cuchicheaban entre ellos. Buscaban un acuerdo para salvar la norma más polémica de cierre de curso. Los convergentes eran el único salvavidas para el Gobierno.

Pero los diputados catalanes decidieron quitarle todo el apoyo y dejar que se hundiese la ley Sinde. Ni los cantos de sirena de última hora, los movimientos del Gobierno para convencer a los nacionalistas catalanes lograron cambiar de postura a la formación.

El Ejecutivo se quedaba solo con la propuesta, sin que sus dos socios para los presupuestos generales, PNV y Coalición Canaria, les echasen una mano para salvar el proyecto.

En la maratoniana jornada, la ley Sinde se votó de forma separada que el resto de la LES. Este macroproyecto sí obtuvo el plácet de los diputados. Ahora, viajará al Senado en 2011 y será allí donde los socialistas tengan que recomponer el texto para obtener los apoyos necesarios. Durante el debate y en las conversaciones posteriores, ambos partidos nacionalistas habían dejado claro que no querían saber nada de la normativa. "Hay que buscar el equilibrio entre la sociedad actual que se compatible con las nuevas tecnologías y la información", apuntó Sánchez Llibre.

Por su parte, el peneuvista Pedro Arbizu señaló que la 'ley Sinde' es sólo un "parche" y que lo que era necesario era un "cambio más profundo". También mostró su rechazo a que esta reforma se introduzca de rondón en una ley con tantas variantes.

En el mismo sentido se expresaron el resto de los grupos parlamentarios, que se quejaron de que la LES ha estado en vía muerta durante 18 meses por una "falta de interés". Las críticas arreciaron. El PP acusó al PSOE de presentar un proyecto en el no hay "ni un equilibrio adecuado" entre los derechos de autor y el de acceso a la red ni garantías judiciales. "Se ha realizado una vulneración de las leyes fundamentales", aseguró el popular José María Lasalle. La diputada de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Núria Buenaventura, fue mucho más contundente ("es la ley de la patada en el módem") mientras que el republicano Joan Ridau aseguraba que la iniciativa gubernamental era "una chapuza de Pepe Botella y Otilio". Ambas formaciones y el Grupo Mixto solicitaron que se recupere la Subcomisión de Cultura que analizó una reforma en profundidad de la actual Ley de Propiedad Intelectual.

Mientas esto ocurría en el Congreso, en la Comisión de Cultura del Senado, la ministra Ángeles González-Sinde defendía las bondades del proyecto que lleva su nombre. Además insistió en que "para que los ciudadanos puedan acceder a los contenidos culturales debe existir una oferta legal y asequible". Asimismo, mostró su sorpresa porque España sea "el único país de nuestro entorno que tiene un ADSL potente a la vez que unas reglas del juego inexistentes" e insistió en que el Gobierno nunca ha querido "perseguir a los usuarios ni criminalizar, sino buscar una solución que haga todos los derechos compatibles".

Enfrentamientos virtuales

En el mundo cibernético, los enfrentamientos continuaban. Las páginas del Congreso y la SGAE estuvieron caídas durante toda la jornada por un ataque de 'hackers' mientras que el texto legislativo (#leysinde o #sindegate) se convertía en uno de los temas del día en Twitter. Esta red social fue la utilizada por Alejandro Sanz para mostrar su frustración por la decisión del Congreso. Los llamó "cobardes". Su amigo y colega Miguel Bosé usaba su página oficial en Facebook para mostrar su "vergüenza" por la clase política. En cambio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, expresaba en su cuenta personal que se volvería a la "Inquisición" si Cultura cerrase webs.

Por otra parte, las distribuidoras de cine y varias páginas dedicadas al sétimo arte copiaron la protesta que realizaron las webs de descargas y 'streaming' el pasado domingo. Decidieron dejarlas sin servicio, con un fondo en negro y con la frase "Esta distribuidora desaparecerá y varias personas se irán a la calle en breve si no se aprueba con urgencia una ley que nos proteja contra las descargas ilegales y la piratería". Por el momento, tendrán que esperar.