TABAQUISMO

El 4% de los ex fumadores recae, mientras los adictos al tabaco se estancan en el 24%

Un 30% de trabajadores asegura que en sus centros se sigue fumando a pesar de estar prohibido. Los expertos alertan de que "se ha bajado la guardia" en la aplicación de la ley 'antitabaco'.

Los expertos alertan de que "se ha bajado la guardia" en la aplicación de la ley 'antitabaco' y lo demuestran con datos. A pesar de que está prohibido, un 30% de los trabajadores asegura que en los centros donde desempeñan su labor siguen expuestos al humo del tabaco diariamente: un 17,3% lo está más de una hora; el 13,7% entre una y cuatro horas, y el 5,3% soporta la humareda más de cuatro horas al día. Son datos que se desprenden de un estudio realizado por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), efectuado entre 2.351 personas mayores de 18 años, y que fue presentado este viernes en Córdoba.


El exhaustivo informe concluye que el número de adictos al hábito tabáquico se ha estancado en el 24%, apenas una décima menos que cuando entró en vigor la ley, a pesar de que en esas fechas se registró un descenso significativo en el número de fumadores.


Además, sostiene que un 4% de los ex fumadores vuelve a recaer en el perjudicial vicio. Los expertos del CNPT subrayan de que se está con la guardia baja en la aplicación de la legislación vigente, a pesar de que cada día son más personas las que demandan que haya espacios complemente libres de humos. "Algo se está haciendo mal, pues de otro modo no resulta coherente que diésemos entonces un gran paso adelante y ahora estemos estancados".


Durante un congreso celebrado en la capital cordobesa, los expertos insistieron en que en los dos últimos años se han dado pasos atrás tanto en el cumplimiento de la ley como en el control sanitario de los espacios sin humo, cuando éstos son el "único medio" para rebajar el índice de consumo. "Ahora es el momento de aplicar el reglamento en el cien por cien de los casos, sin excepciones", apostilló la presidenta del CNPT, la doctora María Ángeles Planchuelo.


Lamentan los especialistas de diversas disciplinas médicas que ni el Ministerio de Sanidad ni las administraciones autonómicas, que son quienes deben desarrollar la normativa vigente, están siendo "muy exigentes" en la aplicación de la ley, bien porque "los servicios de inspección no son suficientes o bien porque no se actúa con la diligencia debida", enfatizó Planchuelo.


Algunas tendencias positivas


Aún a pesar de la 'relajación' denunciada, aseveran que la población está cada vez más concienciada de la importancia de un ambiente sano, como lo demuestra que un 70% de los ciudadanos (un 8% más que en 2006) considera "necesaria o muy necesaria" la prohibición total de fumar en lugares públicos, especialmente en bares y restaurantes. Un panorama que, de momento, se antoja complicado, ya que en las ciudades grandes más del 90% de los restaurantes permiten fumar, mientras que en las localidades pequeñas "es probable que no haya ninguno libre de humo", según los datos manejados por el comité 'antitabaco'.


Aún así, se aprecian tendencias positivas. Por ejemplo, respecto al nivel de dependencia tabáquica; es decir, la frecuencia con la que el fumador enciende un cigarro. Y es que se ha reducido en un 5% desde 2006, mientras que el porcentaje de fumadores de más una cajetilla diaria también ha disminuido casi en un 4% en los dos últimos años, algo que podría deberse a las restricciones impuestas en el medio laboral.


Asimismo, el deseo de dejar el vicio ha aumentado significativamente. Hoy en día, siete de cada diez fumadores quieren dejar el tabaco, mientras que hace dos años eran cinco de cada diez. El estudio constata que el 42,8% de los fumadores tiene la intención de dejar el tabaco en los próximos seis meses, un 12% más que en 2006.


Arguyen los expertos que para dejar el tabaco no hay fórmulas mágicas, aunque puntualizan que las posibilidades de vencer la adicción pasan por un tratamiento farmacológico y sanitario personalizado, algo que reclaman el 32,9% de los fumadores que quieren dejar de serlo. Según Planchuelo, este tratamiento debería ser administrado por la sanidad pública "de una vez por todas".