España: una carta certificada suspenderá el servicio de Internet a los que descarguen obras protegidas sin autorización”. Ese era uno de los titulares que el pasado lunes daba la página principal de la SGAE, vía ACAM (Asociación de Compositores y Autores de Música). Pero no se lleven aún las manos a la cabeza: la SGAE desmintió esta noticia y la eliminó de su página web inmediatamente, al saber que su servicio de noticias había sido víctima de una inocentada.

Sin embargo, la credibilidad que se le dio a esta noticia publicada en un blog falso, que suplantaba al de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, dice mucho del nivel de preocupación que existe en torno a las descargas ‘ilegales’, es decir, de contenidos protegidos por derechos de autor, especialmente las que se realizan a través de servicios P2P, utilizadas por programas similares al popular eMule.

Las descargas están en el punto de mira de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, de creadores y distribuidores, y del propio Ministerio de Cultura. El asunto no es nuevo. Pero si bien antes las acciones se centraban en atacar al ‘top manta’ y las redes mafiosas que se lucran con él, ahora son los usuarios de Internet los principales sospechosos.

La intención de poner límites cuanto antes a este tipo de acciones las deja bien claras el ‘Manual de buenas prácticas contra la piratería’ presentado el pasado 11 de diciembre por el Ministerio de Cultura. La corroboran las palabras de su responsable, César Antonio Molina, que anunciaba hace solo dos semanas que “no muy tarde” habrá una normativa “probablemente antipopular” para regular la piratería en Internet. Molina añadió que se están “estudiando fórmulas” y que “no muy tarde habrá una normativa que regule todo este tema”, ya que en las reuniones de ministros europeos, la piratería es un tema “reiterativo”.

Uno de los requisitos necesarios para endurecer la persecución de estos delitos pasa por una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. El asunto está en estudio en una subcomisión del Congreso de los Diputados, creada a instancias del PSOE y ERC, que en el próximo mes de febrero presentará sus conclusiones.

La red es ya un hervidero de comentarios e informaciones sobre la posible adopción de un modelo similar al que se proyecta en Francia. El propio secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, explicó a principios del mes de diciembre que el Ejecutivo está estudiando cómo mejorar la protección de la propiedad intelectual en Internet. También abrió la puerta a la posibilidad de que sean los operadores de telecomunicaciones los que envíen avisos a los usuarios y lleguen incluso a cortarles el servicio si descargan contenidos protegidos, como se pretende en el país vecino.

Las reacciones

La noticia no tardó en tener reacciones, por ejemplo la de la asociación de usuarios FACUA, que en un comunicado hizo constar su disconformidad con esta medida, que a su parecer pretende colocar “una placa de policía privada” a las compañías de telecomunicaciones y permitirles “que espíen a los usuarios” sin una orden judicial.

Por tanto, no es de extrañar que la inocentada urdida desde la dirección ‘blogcmt.es’ -ya inactiva- no resultara sospechosa. Pero ¿es posible, a día de hoy, llevarla a cabo? El abogado aragonés Pedro J. Canut, experto en temas de propiedad intelectual, no lo cree: “Vulnera el principio de legalidad, el de separación de poderes, y el derecho a la intimidad; así como los límites y excepciones a los derechos de autor”, señala en su blog.

Todos los archivos que circulan por las redes P2P o a través de portales de almacenamiento de archivos, como Megaupload, no son iguales. Puede ser que se intercambien películas o canciones protegidas por derechos de autor; pero también se pueden intercambiar de forma legal archivos de uso personal o creaciones publicadas bajo licencias que permiten su libre distribución.

Por su parte, el ‘Manual de buenas prácticas contra la piratería’ dedica un buen espacio a explicar la legalidad de las intervenciones policiales en foros que difunden la forma de descargarse estos contenidos de forma ilegal. Deja claro también que controlar el tipo de archivos que se transmiten a través de las redes P2P no es una acción anticonstitucional, como ya han certificado varias sentencias del Tribunal Supremo. La ‘policía del eMule’ aún no es una realidad, pero comienzan a sentarse las bases legales de su funcionamiento.