Aunque todavía se está estudiando en qué casos será adecuado y beneficioso su aplicación, la Generalitat de Cataluña aplicará a los delincuentes sexuales que lo soliciten de manera voluntaria la castración química. El departamento de Justicia espera el informe elaborado por una comisión de expertos, formada por especialistas penitenciarios y técnicos de sanidad, para poner en marcha esta iniciativa pionera en España.

El tratamiento, que consiste en una serie de inyecciones periódicas que inhiben el apetito sexual gracias a la reducción de testosterona en los hombres, será complementaria a los programas psicológicos que ya están en marcha. La consellera de Justicia, Montserrat Tura, aseguró a la Cadena SER, que se va a estudiar "caso por caso". Según afirmó, "los equipos de tratamiento de las cárceles están analizando la idoneidad o no, en cada uno de los casos, para que se inicie esta terapia en función de que los delincuentes estén llegando al tramo final del cumplimiento de su condena".

Tura también apuntó que "hay un conjunto de cosas que sí podemos hacer como autoridad penitenciaria". Son iniciativas "que ayudan a que aquella persona se sienta con menos tendencia a repetir actitudes en su comportamiento sexual que consideramos desviadas". Según la consellera, "ya se ha iniciado" la reflexión sobre "de qué manera estas medidas se incorporan a los protocolos de nuestro sistema penitenciario".

Por otro lado, la Generalitat, explicó a la Cadena SER, pedirá al ministerio del Interior y al de Justicia que incluyan en el debate para reformar el código penal la creación del banco de datos de ADN de todos los agresores sexuales. Tal y como sugirió la llamada "comisión Mena" (la comisión de expertos que propusieron la medida), es necesario un banco de datos de violadores a partir de su ADN, sin que sea necesaria la conformidad o autorización de los internos.

El debate de la castración química se abrió en nuestro país después de que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunciara en el Congreso que el Gobierno estudiaba esta medida para "reeducar" a los violadores que salen a la calle tras cumplir su pena. Países como Alemania, EE.UU. o Suecia ya utilizan este método disuasorio en sus delincuentes sexuales.