Bruselas investigará la responsabilidad de las administraciones tras el choque del 'New Flame' en el Estrecho

La Comisión Europea ha abierto una investigación a instancias del Defensor del Pueblo Andaluz para determinar la responsabilidad de las administraciones española y gibraltareña en la gestión del rescate del carguero 'New Flame', que chocó con otro buque en el Estrecho de Gibraltar hace un año y cuyo casco y parte de la carga aún permanecen hundidos. La autoridad europea determinará además si se ha producido algún tipo de incumplimiento del derecho comunitario ambiental por parte de las instituciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, explicó este martes que la situación había sido denunciada por su oficina ante su homólogo comunitario, Nikioforos Diamandouros, y éste le ha contestado que ya ha remitido el asunto a la Comisión Europea para que sea este organismo "el que depure las responsabilidades si las hubiera". Chamizo valoró que la UE inicie actuaciones de "oficio" para verificar si la gestión llevada a cabo por las instituciones competentes en el caso del siniestro del 'New Flame' -Gibraltar, por producirse en sus aguas, y España- se ajustó a lo dispuesto en la normativa ambiental europea. Ésta exige que "las acciones preventivas o reparadoras de daños medio ambientales se adopten de manera inminente".

Aunque esperaba "mayor agilidad" en la tramitación, explicó que el proceso será todavía "lento", aunque "al menos hemos conseguido el Defensor del Pueblo Europeo remita oficialmente la situación" a la Comisión Europea. A su juicio, este hecho indica que "hay algún indicio de incumplimiento de la ley medioambiental", especialmente por parte de las autoridades gibraltareñas, pues el barco permanece en sus aguas jurisdiccionales y no aceptaron la ayuda de España. En este sentido, recordó que no sería la primera vez que se sanciona al Reino Unido por incumplimiento de la normativa.

El propio Chamizo ya abrió en su momento una queja de oficio sobre el retraso por las labores de retirada del barco y las 30.000 toneladas de chatarra que contenía para concretar si las autoridades estaban cumpliendo con la normativa medioambiental europea, y solicitó la intervención de la UE en este mismo sentido.

Combustible y chatarra

El Defensor del Pueblo Andaluz expresaba entonces su temor ante "una nueva forma de agresión" al medio ambiente en la Bahía de Algeciras. Un miedo que, como apuntan los ecologistas, se produce reiteradamente, dado que el pasado jueves se registró un nuevo choque entre dos buques en aguas del Estrecho. El 'New Flame' encalló hace más de un año tras saltarse los protocolos en el puerto de Gibraltar y colisionar con el petrolero danés 'Torm Gertrud'. El tema se ralentizó desde el primer momento al entrar en conflicto la soberanía de las aguas en las que permanece. Así, aunque un barco de Salvamento Marítimo acudió a prestar ayuda inmediatamente, la colonia advirtió que los barcos que colisionaron se encontraban en aguas gibraltareñas, por lo que el barco de rescate tuvo que dejarlo todo y alejarse.

El 'New Flame' quedó semihundido, con 750 toneladas de combustible y unas 43.000 toneladas de chatarra, que según se confirmó recientemente no es tóxica. El mal tiempo y las corrientes marinas complicaron las labores de rescate del barco, que se realizaron hasta en cuatro ocasiones. Un año después, el carguero está roto en varias partes entre 27 y 42 metros de profundidad a media milla de Punta Europa, con 10.000 toneladas de chatarra y 15.000 de restos del casco.

Desde esa fecha se han producido varios vertidos de combustible en las playas de la Bahía algecireña, y hace pocas semanas llegó a la Bahía la grúa de grandes dimensiones de la empresa Titan Salvage para proceder al izado de lo que queda del barco.

Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha planteado diversas reclamaciones, una ante la UE contra el Reino Unido por negligencia ante el hundimiento del barco y la lentitud en el rescate y otra contra la aseguradora del carguero, a la que reclama unos 104.000 euros en compensación por el coste de limpieza de las playas afectadas por los vertidos.