Militancia constitucional: defender la Constitución es defender Aragón
Hay cada vez más actores políticos interesados en cavar trincheras entre la izquierda y la derecha y en dinamitar cualquier espacio de centralidad.
Celebramos el 45º de la Constitución en un momento en el que nuestra Carta Magna está en el ojo del huracán por diversas razones, entre otras por la Ley de Amnistía que ya tramita el Parlamento. La tormenta jurídica era previsible. Según el Gobierno se atiene a la Constitución pero la mayoría de los expertos jurídicos piensan que no, pues consideran que vulnera preceptos como el de la exclusividad de jueces y magistrados para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o como el de la igualdad de todos los españoles ante la ley.
En opinión de estos expertos, una amnistía solo es admisible como un borrado de los crímenes con intencionalidad política cometidos en el contexto de regímenes dictatoriales y recuerdan que esa fue la razón de ser de la Ley de Amnistía de 1977, que fue aprobada por el 85 % de los miembros del Congreso, es decir, que fue consecuencia de un gran acuerdo nacional, mientras que ésta apenas logrará el 51%, con la desaprobación radical del 49% restante.
La tormenta política que se ha desatado tampoco era imprevisible. Es un paso que el propio Pedro Sánchez se había negado siempre a dar. No obedece, por tanto, a un propósito previo y anunciado del presidente sino que es una exigencia de Puigdemont y Junqueras para votar la investidura, lo cual ha aumentado el malestar político y social.
Por mi parte, he manifestado siempre mi oposición a la amnistía. Creo que socava la autoridad moral y política del Estado -el pacto supone la aceptación del relato independentista en el que se invierten los papeles sobre la responsabilidad de lo que pasó en 2017- y da alas a ERC y JxCat, que ya han dejado claro que seguirán persiguiendo la independencia por cualquier vía. No resuelve, por tanto, el problema de Cataluña y, sin embargo, agrava la polarización que ya existía en España.
Me causa una honda preocupación, por otra parte, que la Constitución alcance su 45º aniversario con un socio del Gobierno de la nación que quiere modificarla desde la raíz y con unos aliados parlamentarios que la combaten abiertamente, negándose todos ellos a reconocer al Rey como "símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado".
Me preocupa el creciente deterioro de las instituciones del Estado y, en especial, la idea ampliamente extendida de que se ha quebrado la separación de poderes, esencia misma de la democracia liberal. Es desoladora la falta de interés de los partidos en preservarla, algunos porque quieren acabar con ella y otros por puro cálculo político, como es el caso de la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Y me preocupa, sobre todo, el frentismo político de triste recuerdo histórico que parece ir trasladándose poco a poco a la sociedad. Hay cada vez más actores políticos interesados en cavar trincheras infranqueables entre la izquierda y la derecha y en dinamitar cualquier espacio de centralidad. La extrema izquierda y los independentistas, por un lado, arrastran al PSOE, y la extrema derecha de Vox arrastra a su vez al PP. Unos y otros radicalismos contribuyen a que los partidos moderados hayan roto todos los puentes de entendimiento, de manera que el consenso básico sobre el que se sustentan la Constitución y la convivencia se revela a día de hoy imposible.
Si estamos de acuerdo en que la Carta Magna ha sido durante varias décadas la clave de bóveda de un modelo de éxito, basado en la moderación y en la estabilidad, que nos ha procurado una etapa de prosperidad y reconocimiento internacional como nunca habíamos tenido; si consideramos que, por ser de todos y no de unos contra otros, es la más valiosa obra política de los españoles a lo largo de la historia, coincidiremos en que estas preocupaciones mías están plenamente justificadas.
Se ha dicho muchas veces que la Constitución española no puede definirse como militante, por carecer de cláusulas intangibles en beneficio de su existencia y permanencia, como ocurre en Alemania o Portugal. Pues bien, en un momento tan complicado, si la Constitución no puede ser militante en su propia defensa, es el momento de militar en la defensa de la Constitución.
Yo, como demócrata y como español, asumo esa militancia ahora mismo por encima de todas. Lo hago también como socialista, pues la socialdemocracia en la que creo solo es concebible en una democracia liberal saludable y con todos sus mecanismos en perfecto estado de revista. Y lo hago como aragonés, ya que en nuestra Comunidad hay motivos añadidos para esa militancia: somos cuña territorial entre el País Vasco y Cataluña, conocemos mejor que nadie los efectos desestabilizadores del nacionalismo insolidario y divisivo que campa allí a sus anchas, y, además, somos un pueblo de gente moderada, a la que repugna la radicalidad de cualquier signo. Por si fuera poco, somos una Comunidad bien avenida desde siempre con el derecho y con la ley y somos conscientes de que la Constitución y el Estatuto han creado la atmósfera que nos ha permitido volver a respirar con fuerza tras siglos de decadencia y atonía. Por eso, defender la Constitución es defender a Aragón y nadie mejor que los aragoneses podemos ser sus paladines en el conjunto del país.
*Ex Presidente de Aragón
