Casi 50 países no ven delito en las violaciones dentro del matrimonio
La mitad de las mujeres del planeta no pueden negarse a tener sexo con su pareja o decidir si van al ginecólogo o si toman anticonceptivos.
La ONU ha realizado por primera vez un estudio para determinar cuál es el grado de cumplimiento en los diversos países de un derecho universal como es el que tienen todas las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. En palabras de los responsables del Fondo de Población (UNFPA), el área de Naciones Unidas dedicado a promocionar la salud sexual y reproductiva, y el autor final del informe, el derecho a la autonomía corporal se puede resumir como «el poder decir sí y el derecho a decir no».
El resultado de la investigación ha sido calificado por la ONU como «alarmante» e «indignante». Es difícil utilizar adjetivos menos contundentes si se tiene en cuenta que uno de los datos recopilados es que hay al menos 43 países cuyos códigos penales no consideran delito la violación conyugal, en los que la mujer puede ser forzada impunemente por su marido o pareja.
El problema es que son muchos más los estados en los que teóricamente estas agresiones sexuales sí son delito, pero que lo cierto es que tienen castigos tan atenuados para los maridos que cuesta distinguirlos de la impunidad. El documento dice que esto pasa al menos en 35 de los 45 países integrantes de la Commonwealth.
La impunidad institucional de la violencia sexual machista la completa otra práctica recogida en la legislación de al menos 20 países, entre ellos buena parte de los de Oriente Próximo y el Magreb y otros asiáticos con Filipinas o Tailandia. Es la que exime de la pena de cárcel al violador si se casa con la víctima.
Naciones Unidas incluyó en su agenda de objetivos prioritarios para mejorar el mundo antes de 2030 la extensión mundial de la autonomía corporal femenina y de sus derechos a la salud sexual y reproductiva. El grado de cumplimiento de este objetivo era lo que pretendía medir el informe, para lo que por un lado indagó sobre el porcentaje de mujeres que deciden sobre su sexualidad y, por otro, si existían legislaciones que garantizasen el acceso libre e igual a la educación y los servicios de salud sexual y reproductiva.
La conclusión vuelve a ser deprimente. Casi la mitad de las mujeres de entre 15 y 49 años del planeta (el 45%) confiesa no tener derecho a rechazar las relaciones sexuales con su pareja, a decidir si usa anticonceptivos y a acudir libremente servicios ginecológicos. Este porcentaje aún empeora, y mucho, entre las féminas con bajo nivel de estudios o con bajo nivel de renta y se dispara en determinados países.
Un 20% de casamenteros infantiles
Donde la autonomía corporal femenina se enfrenta a todo tipo de trabas, o directamente es pisoteada, es en los países subsaharianos y del África negra -en Mali, Níger o Senegal el 90% de ellas confiesa no tener libertad sexual alguna-, y en otros del centro y sur de Asia, entre los que están los de Oriente Próximo.
El 45% de las mujeres no tienen el poder de decir que sí ni el derecho a decir no, pero es que, además, solo el 56% de los países (poco más de la mitad) tienen leyes y políticas para educar de forma integral en sexualidad, solo el 71% les garantiza el acceso a servicios de maternidad, y solo el 75% permite un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción. «El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticonceptivos o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos», asegura Natalia Kanem, directora de UNFPA. «En esencia -lamenta-, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros».
El documento también desvela que el 20% de los matrimonios mundiales son con niñas -entre el 30% y el 40% en África- y muchos de ellos forzados, que la mutilación genital de jóvenes llega al 55% en los países árabes y a casi el 25% en África, y que 30 estados restringen el derecho de las mujeres a desplazarse fuera del hogar.
