Un estudio de la Unizar revela los daños que causan los desahucios a la infancia
En Zaragoza, en casi la mitad de los hogares en riesgo de desahucio (42,3 %) viven menores, la mayoría entre 6 y 11 años.
España es el tercer país de la Unión Europea con una de las tasas más altas de pobreza infantil y son precisamente los menores los más afectados en los procesos de desahucio porque la pérdida del espacio físico afecta a su desarrollo psicológico, educativo y afectivo, lo que repercute desfavorablemente en sus trayectorias educativas y socialización.
En Zaragoza, en casi la mitad de los hogares en riesgo de desahucio (42,3 %) viven menores, la mayoría entre 6 y 11 años.
Estos son algunos de los resultados del estudio sobre los hogares vulnerables e inseguros de la capital aragonesa realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza, tras analizar 515 casos de familias zaragozanas que perdieron sus hogares o estuvieron en riesgo de perderlos entre los años 2014 y 2016, como resultado de los atrasos hipotecarios y cuyos expedientes fueron tramitados por el servicio de mediación en deuda hipotecaria de la Oficina Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los sociólogos Juan David Gómez-Quintero y Jesús García Martínez, del Departamento de Psicología y Sociología e investigadores del Grupo de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector (GESES), y la economista Lina Maldonado, profesora del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza son los autores de este trabajo, que publica la revista científica "Children and Youth Services Review", en el séptimo lugar (entre 43) en la Web of Science en el Ámbito del Trabajo Social.
El estudio coincide con otros recientes sobre la pobreza y la exclusión social a la infancia y que sitúan a España como el tercer país (por detrás de Rumanía y Grecia) con una de las tasas más altas de pobreza infantil de la UE.
En una nota de prensa, la Universidad de Zaragoza recuerda que según los datos de Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2014 se iniciaron en España más de 578.000 procesos de ejecución hipotecaria y se activaron 5.861 procesos de ejecución hipotecaria.
De acuerdo con la investigación de la Unizar, que a partir del curso 2018-2019 contó con la ayuda de la Cátedra Zaragoza Vivienda, los bajos ingresos familiares y una situación laboral inestable aumentaron considerablemente la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares. El promedio de ingresos de los trabajadores en riesgo de desahucio era de 917,79 euros al mes, insuficientes para cubrir los gastos del grupo familiar (alimentación, gastos de la vivienda, transporte y vestuario) y, además, hacer frente a las deudas hipotecarias.
El desempleo de los padres y la precariedad en el empleo se mostró como un factor de riesgo importante en los procedimientos de desahucio de la vivienda familiar y también se apunta que las prestaciones económicas por hijos tuvieron escaso impacto para prevenir o mitigar el riesgo de desahucio.
La investigación pone de manifiesto el concepto de “inseguridad del hogar”, lo cual, a juicio del sociólogo Juan David Gómez Quintero, "resulta paradójico" porque “el hogar debe constituir el lugar más seguro para todas las personas, especialmente para la infancia”: por un lado la familia provee afecto, sentido de pertenencia, identidad a sus miembros y satisfacción de las necesidades básicas mientras que un espacio físico, acogedor y confortable proporciona descanso y seguridad al grupo humano.
Gómez Quintero apunta que con estos resultados, los servicios sociales y los sistemas de protección social "tendrán que considerar este tipo de factores ante las consecuencias socioeconómicas de la actual crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus”.
