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​¿Funcionan los programas para agresores machistas o hay que controlarlos más?

Los hombres condenados a menos de dos años de cárcel por violencia de género pueden evitar la cárcel participando en un programa.

La reincidencia puede estar detrás de un crimen de violencia machista que lleva a la muerte de una mujer, como podría ser el caso de Sergio Morate, presunto asesino de dos jóvenes en Cuenca. Un drama que los programas de rehabilitación para estos agresores tratan de paliar, han señalado varios expertos.

Los programas de intervención para los agresores de género (PRIA) condenados a menos de dos años de cárcel pretenden que estos reconozcan el daño causado y dejen atrás el machismo y la violencia, pero, ¿realmente funcionan o hay que establecer un sistema de seguimiento para evitar que reincidan?. "Los maltratadores deben sentirse controlados", defiende a Efe la experta en programas de atención a condenados por violencia de género, Marta Monllor, de la Fundación Aspacia, y por ello reclama un sistema de seguimiento de estos hombres, que han sustituido su pena de cárcel por esta medida alternativa, para evitar que vuelva a reincidir con su ex pareja o en una nueva relación.

Los hombres condenados a menos de dos años de cárcel por violencia de género pueden evitar la cárcel participando en un programa, que suele durar entre 6 y nueve meses, pero realmente, ¿consiguen la reeducación del agresor?. En el caso de Morate, supuesto asesino de su expareja Marina Okarynska y de Laura del Hoyo, ha trascendido que anteriormente a estos asesinatos había cumplido condena en prisión por el secuestro de una chica, un delito que advirtió a la Policía de la posibilidad de su implicación en la desaparición de las jóvenes.

La reeducación de los maltratadores depende del nivel de agresividad de la persona condenada, explica José Luis Graña, catedrático de psicología clínica y director de un programa de tratamiento de agresores de violencia de género de la Universidad Complutense de Madrid. El 60 % de las personas que asisten a su programa tienen niveles de agresión muy bajos -han sido condenados por insultos, bofetadas, burlas-, el 8 % son muy agresivos y el resto se sitúan en un nivel intermedio.

"Para los más agresivos estaría bien un seguimiento, pero no para todos", defiende este experto partidario de individualizar y adaptar el tratamiento a cada caso. Asegura que el nivel de reincidencia de las personas que han asistido a su programa es sólo del 10 %, por lo que insiste en que los agresores más leves son recuperables. "Todo lo que se aprende, se desaprende", recalca. Otro estudio de 2012 sobre la eficacia de las predicciones sobre peligrosidad y reincidencia de los presos, eleva a un 22 % los reincidentes entre los condenados por violencia machista.

Según estadísticas de Instituciones Penitenciarias, en el segundo trimestre de este año un total de 2.263 (no están incluidos los datos de Cataluña por tener transferidas las competencias en esta materia) condenados por violencia machista concluyeron su participación en programas para sustituir o suspender su condena. El programa PRIA intenta modificar y mejorar las variables relacionadas con la violencia de género.

Tiene un formato grupal, celebrándose sesiones semanales durante aproximadamente un año para que el agresor tome conciencia y modificación de pensamientos, actitudes y creencias de tipo sexista, que justifican la desigualdad de género o elimine las estrategias defensivas o justificadoras de los hechos violentos. También debe desarrollar la empatía hacia las víctimas de los malos tratos, con especial énfasis en los hijos como víctimas directas de la violencia de género, reconociendo formas de abuso e instrumentalización.

Para la coordinadora de programas de la Fundación Aspacia, debería establecerse un seguimiento exhaustivo de los participantes cuando acaban porque "un maltratador cambia de víctima". "Vienen personas con varias sentencias inculpatorias por haber ejercido violencia sobre diferentes mujeres", que realizan un programa con una organización y luego otro con una diferente, explica.

Para esta experta, trabajadora social y psicóloga, "el sistema está muy poco pendiente de lo que hacen los agresores".

"El maltratador debe rendir cuentas a la Policía cuando acaba el programa sobre lo que está haciendo, a dónde va; que se sientan controlados", sostiene. Actualmente, estos sistemas alternativos a las condenas de prisión, que dependen de Instituciones Penitenciarias y que se imparten por organizaciones financiadas con el IRPF, establecen la elaboración de un informe que suele realizarse a los seis meses.

"Se intenta que los agresores sean conscientes de que el ejercicio de la violencia contra sus parejas es un delito y que es inasumible por la sociedad española", dice Monllor, que recuerda que "estas personas cuando salgan del programa tendrán otras parejas y seguirán siendo padres de sus hijos".

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