La retirada de la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' perjudicará al control del VIH

Expertos de GESIDA, Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), han advertido este lunes que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles tendrá efectos muy indeseables sobre el control del VIH en nuestro país.

Hasta ahora y tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, la población inmigrante en España, en situación regular o no, ha tenido derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012 de 20 de abril ha restringido significativamente este derecho, de modo que los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes en España solo podrán recibir atención de urgencia, si son menores de 18 años o si son mujeres embarazadas.

El 31 de agosto de 2102 los efectos de esta medida empezarán a notarse de forma significativa, pues en esa fecha dejarán de estar en vigor aquellas tarjetas sanitarias expedidas previamente, y cuyos beneficiarios no puedan acreditar la residencia legal en nuestro país.

Se estima que hay más de 400.000 inmigrantes en situación irregular en nuestro país, de los que varios miles estarían infectados por el VIH, de ellos entre el 65% y el 70% conocerían su infección y de estos una mayoría recibirían tratamiento antirretroviral (entre 2.700 y 4.600 personas).

Más allá de consideraciones éticas, los expertos de GESIDA han querido advertir al Ministerio de Sanidad del ingente perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras enfermedades infecciosas -como tuberculosis- a la población general; y mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de los costes de la atención sanitaria.

Todo ello ha podido acreditarlo GESIDA a través de un estudio coordinado por dos de sus miembros, el Dr. José A. Pérez-Molina (Hospital Ramón y Cajal. Madrid) y el Dr. Federico Pulido (Hospital 12 de Octubre. Madrid), que será publicado próximamente en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, indexada en los registros internacionales de revistas biomédicas y órgano de expresión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

En el primer capítulo, el de la calidad de las prestaciones sanitarias, el estudio muestra que, de entrada, habrá un incremento del número de personas infectadas por VIH, incremento que, solo en el primer año, puede ser de casi una quinta parte de la actual población inmigrante irregular afectada y en tratamiento, que se estima en varios miles de personas.

Se esperan, por tanto, más infectados, pero, además y como consecuencia inevitable de esa desatención, un aumento de la mortalidad de los individuos infectados, un incremento de aparición de enfermedades oportunistas, un crecimiento de los ingresos hospitalarios; más posibilidades de infecciones (tanto por el VIH como por otros patógenos); y mayor probabilidad de transmisión materno-fetal, entre otras consecuencias sanitarias.

En el capitulo de ahorros al sistema, a medio y largo plazo lo que se obtendrá -añade el estudio- es un incremento de los costes de atención. Pero es que ni siquiera a corto plazo, aseguran desde esta organización, el ahorro se va a parecer en nada al que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8 millones).

Con previsiones muy a la baja, los costes directos que supondrá el Decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias supondrán de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la denegación del tratamiento. A esos costes se le suman los que se derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles asociadas al VIH que se transmitir como consecuencia de la falta de diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente. Por lo que consideran que el Gobierno no ha medido y sopesado suficientemente las consecuencias de este Real Decreto.

Por todo ello, GESIDA recomienda al Ministerio que evite la exclusión de los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública sanitaria. A este respecto, considera inviable la derivación a ONGs de estos pacientes propuesta por el Ministerio de Sanidad y subraya que el complicado manejo de esta enfermedad y del tratamiento antirretroviral exige que la asistencia siga prestándose en los hospitales españoles, por especialistas cualificados. En este sentido, GESIDA quiere señalar que la inexistencia de la especialidad de Enfermedades Infecciosas en nuestro país supone un gran obstáculo para la adecuada formación de especialistas en los próximos años, tanto en número como en cualificación.