Andalucía se pone en pie de guerra contra el sobrepeso, una de las mayores epidemias del siglo XXI y que en la región afecta al 16,6% de los adultos y el 23% de los menores. La nueva Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, una iniciativa pionera en España, busca dar "el máximo rango normativo" a la lucha contra la obesidad, abordándola de forma integral. Entre otras medidas, se impone la obligación a bares y locales públicos de ofrecer agua potable gratuita y se limita publicidad infantil de alimentos grasos y de bebidas no alcohólicas.

El proyecto, similar a los que ya se llevan a cabo en países como Francia, parte de la premisa de que los trastornos de alimentación son un problema prioritario de salud pública. No solo por su impacto en la salud, sino también por el elevado gasto sanitario que conlleva su tratamiento. Para ello, y siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud de implicar a toda la sociedad en la lucha contra el sobrepeso, se ha consensuado su articulado con hasta 250 colectivos, desde asociaciones de padres de colegios a empresarios de alimentación, de locales de restauración o asociaciones de consumidores.

El resultado, que ahora se remitirá al Parlamento para su debate, busca fomentar e impulsar los buenos hábitos alimenticios, especialmente entre los menores y los sectores más desfavorecidos, porque a menor nivel de ingresos peor alimentación. Para ello, se exigirá a los bares y restaurantes que ofrezcan agua potable gratuita, así como menús saludables y de diferentes tamaños de raciones. Los supermercados, por su parte, tendrán que dispensar alimentos frescos en cantidades adaptadas a diferentes tamaños de familia, a fin de evitar que se coma de más. Los locales públicos deberán disponer de fuentes junto las máquinas de bebidas azucaradas.

La norma plantea el reconocimiento del derecho a una atención sanitaria integral y continuada para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, fomentando los planes de formación específica de prevención y tratamiento entre los profesionales de la salud. Otro punto de actuación preferente serán los centros educativos, donde se espera que en dos años el tiempo efectivo de actividad deportiva alcance al menos las cinco horas semanales. Asimismo, se eleva a rango de norma la actual recomendación de elaborar menús escolares saludables, basados en productos locales y de temporada. En este sentido, los productos que se oferten en los centros educativos no podrán sobrepasar las 200 kilocalorías, y no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o no contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes.

El proyecto atiende también a la publicidad, evitando incentivar el consumo inmoderado de productos grasos o hipercalóricos, evitando además la entrega de regalos o premios que fomenten el consumo de alimentos no saludables.

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