Cuando el acto de consumir un producto como el tabaco genera efectos que repercuten no solo en el usuario sino en otros miembros de la sociedad y estos no son compensados, el coste privado es inferior al coste social. Una de las soluciones propuestas para la corrección de este fallo de mercado es la aplicación de impuestos. El impuesto especial es una herramienta que sirve para que el coste privado del consumo incluya el coste externo como el derivado de los daños al fumador pasivo o los sobrecostes sanitarios de los fumadores.

En términos generales, aunque el tabaco costase el doble de su precio actual no llegaría a compensar los costes sociales derivados de su consumo. El comisario europeo de Salud, Tonio Borg, ofreció recientemente un dato revelador: el 97% de los presupuestos sanitarios de los Estados miembros se destinan a tratamiento. Únicamente el 3%, a prevención: "¿Tiene sentido este porcentaje, cuando muchas de las enfermedades crónicas más prevalentes se pueden prevenir en gran medida?", se preguntó.

El tabaco es un gran ejemplo de que una prevención eficaz podría reducir hasta un 15% el gasto sanitario, puesto que causa el 30% de las enfermedades crónicas como el cáncer y el infarto y el 85% de la bronquitis crónica. La prevención es coste-efectiva, es decir, que por cada euro invertido se obtiene mucha salud y calidad de vida. El coste sanitario anual derivado del consumo de tabaco en España asciende a 7.695 millones de euros. A eso habría que sumar los costes "empresariales o sociales" derivados de bajas laborales y merma de productividad, que asciende a 8.781 millones. Subir los impuestos del tabaco es una cuestión de salud. Si aumenta un 4%, disminuye un 10% los jóvenes que comienzan a fumar.

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