Profesores aragoneses exigen más medidas de seguridad tras la agresión a dos docentes

Entre el 13 y el 22% de profesores han sufrido agresiones físicas por parte de alumnos o padres, según algunos sindicatos. Otras veces, la violencia es entre alumnos y puede acabar transformándose en ‘bullying’. Los docentes quieren parar esta oleada y, tras el último caso en salir a la luz, el pasado miércoles, solicitan medidas que garanticen la seguridad en los centros educativos. En concreto, el sindicato STEA ha anunciado que llevará a la próxima junta de personal docente no universitaria una batería de medidas para intentar frenar los altercados y problemas que crecen en los colegios e institutos de la Comunidad. Ni siquiera el hecho de que en Aragón se aprobase en 2012 una ley de Autoridad del Profesorado –les otorga el grado de autoridad pública– ha puesto coto a una realidad que tiene, lógicamente, un trasfondo social.

Entre estas peticiones, STEA incluye que los orientadores estén físicamente en los centros, ya que ahora cada uno tiene asignado varios, lo que motiva que solo puedan dedicarle unas horas a la semana. También solicitará que se incrementen los trabajadores sociales en colegios e institutos. "El sistema es deficiente, y debe modificarse el decreto de inclusión en los centros", declara Esther Martínez, de STEA.

Otra medida que pedirá el sindicato es la instalación de inhibidores de móviles, ya que considera que las nuevas tecnologías están contribuyendo a fomentar actitudes incorrectas. "Existen problemas vinculados a los móviles, porque se distribuyen fotografías que están dentro de la intimidad o se utiliza indebidamente la mensajería", explica Martínez. Este problema motivó la aparición del programa de cibervigilantes, que nació en el IES Parque Goya de Zaragoza y se ha extendido a otros 43 centros de la comunidad, como una manera de involucrar a los propios alumnos en la detección del mal uso de las tecnologías.

El último caso de agresiones en salir a la luz (un alumno del IES Medina Albaida fue detenido el miércoles tras agredir a dos docentes) no es el único, y tampoco es exclusivo de los centros de Secundaria. Los maestros se mueven en un mar de dudas cuando se detectan estas situaciones: a menudo, la problemática de esos menores sobrepasa al ámbito del colegio y las medidas que existen (como las comisiones de convivencia o la intervención de los inspectores) no logran reconducir la situación. Las expulsiones solo trasladan el problema a otros centros y, además, son menores: tienen derecho a la educación y a otra oportunidad.

El curso pasado, Educación investigó graves faltas de respeto e insultos por parte del entorno de un niño de primaria a un docente en el colegio de La Jota. En el Tenerías, una madre amenazó y agredió físicamente a la directora en 2013, y fue condenada a dos años de prisión. Además, hace unos meses, en Épila (Zaragoza), otra madre agarró del pelo a la maestra tras saber que su hijo había sido expulsado.

Más rapidez en la respuesta

El Departamento es consciente de que la estrategia para hacer frente a los conflictos en las aulas (entre los niños y también hacia los profesores) no es suficiente. Y reconoce que los intensos cambios de los últimos años han hecho que los protocolos estén "desactualizados" y por eso acaban de presentar un plan que ya se ha iniciado. No obstante, no considerarán, a priori, inhibir las señales de móvil: "Nuestra línea es educar, no prohibir". Aparte de abrir el primer teléfono contra el bullying de España (900 100 456) que es gratuito y funciona todos los días del año a cualquier hora; se va a hacer una nuevo estudio, una especie de ‘radiografía’, para conocer exactamente la situación en las aulas aragonesas.

Además, las comisiones de convivencia en los colegios se refuerzan, incluyendo a los orientadores, y los protocolos de actuación perderán burocracia para ser más rápidos y efectivos. Planes individualizados y una mayor formación del alumnado y el profesorado también se incluyen en este plan integral contra el acoso.