El próximo viernes, con el comienzo oficial de la campaña para las elecciones autonómicas vascas, se abre un periodo en el que van a encadenarse, hasta vísperas del verano, los comicios en el País Vasco (21 de abril), en Cataluña (12 de mayo) y las elecciones al Parlamento Europeo (9 de junio). 

Este panorama, junto a la decisión del Gobierno de no presentar Presupuestos para el año en curso, complicará las dificultades que ya suele encontrar Aragón para plantear y defender sus reivindicaciones ante las instituciones del Estado.

En medio de una política nacional excesivamente bronca y polarizada, y frente a comunidades autónomas con mayor influencia política, por votos y por alianzas, a Aragón le resulta habitualmente difícil hacerse oír y conseguir que sus necesidades de financiación e inversiones sean atendidas. Esta realidad se ha agudizado con la dependencia de partidos separatistas en la que se ha colocado el actual Gobierno de la nación. Y puede complicarse todavía más con las urgencias electorales que van a marcar los dos próximos meses, con citas muy comprometidas para el partido socialista y para el Ejecutivo de Sánchez. Ante esta situación, es necesario que tanto el Gobierno aragonés como los representantes de la Comunidad en el Congreso y el Senado hagan un esfuerzo especial para abrir cauces de diálogo y para recordar y hacer avanzar las reivindicaciones que Aragón tiene en materia de infraestructuras o de políticas contra la despoblación, además de unos recursos económicos que, en espera de una nueva financiación autonómica que parece cada vez más difícil de acordar, tienen que incrementarse para garantizar la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad con las demás regiones. Ni el calendario ni la situación política nacional favorecen los justos intereses de Aragón, razón de más para abogar por ellos con mayor energía.