En la antesala de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, en marzo de 2023, el presidente Javier Lambán decidió lanzar una propuesta para la apertura de un debate nacional sobre la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud. 

Aquel documento de trabajo, hoy olvidado en algún cajón, advertía de la evidente conexión entre el sistema de salud y la atención a la dependencia, a la vez que señalaba que en España solo se dedica el 1 por ciento del PIB al gasto sanitario que requieren los cuidados de larga duración. La media de la OCDE en este mismo ámbito situaba el dato en el 1,5 por ciento del PIB, mientras que en Francia, Alemania o los países nórdicos la cifra superaba con creces la inversión española.

Al hablar del futuro del Estado de bienestar no existe otro debate más acuciante que el sanitario. España envejece y lo hace sin una tasa de reposición poblacional que garantice que el sistema es sostenible, que cuenta con la necesaria inyección de dinero como para soportar una creciente demanda asistencial. En 2022, según los datos del Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad, en Aragón se registraron 10.809.941 consultas en los centros de salud (medicina de familia, enfermería y pediatría). A medida que nos vamos haciendo mayores acudimos más al médico y bajo esta evidencia nos dirigimos hacia un riesgo de colapso que amenaza con producirse más pronto que tarde.

El debate sobre el futuro del sistema se divide entre la necesidad de contar con unos presupuestos más generosos o la redefinición de la cartera de servicios. El Ministerio de Sanidad, que a tenor de las últimas declaraciones de la ministra Mónica García tiene previsto incorporar a esa cartera el pago de las gafas o lentillas además de ampliar las prestaciones en salud bucodental –la extensión asistencial debe pensar en las rentas más bajas–, parece ignorar que en comunidades como Aragón el problema pasa por mantener con garantías las prestaciones actuales, en especial cuando existen zonas o determinadas especialidades con dificultades para ser atendidas.

Faltan médicos en la sanidad pública, al igual que tampoco se está abordando un debate nacional que evite las desigualdades territoriales en materia salarial o que anime la colaboración entre la medicina pública y la privada en lugar de su competencia. De nada sirve la enorme oportunidad que conceden las transferencias si se carece del presupuesto necesario o se ignora que los mecanismos para ordenar la creciente demanda deben atender a criterios comunes.

Las soluciones creativas, donde se entremezclan la imaginación y la limitación presupuestaria, poseen una validez muy limitada. La buena calidad de la sanidad aragonesa está introduciendo la prevención como vía para rebajar la presión asistencial, pero es imprescindible aceptar que, por la elevación de la esperanza de vida, la nueva definición del enfermo incluye, también, a una persona dependiente. 

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