La amnistía: la claudicación del Estado
El 7 de marzo se aprobó en la Comisión de Justicia del Congreso el primer trámite de la futura ley de amnistía. Apenas unas horas más tarde vimos al ministro Bolaños felicitándose a sí mismo sin ningún pudor por el éxito, en una de las más ridículas declaraciones que hayamos podido escuchar a un político en todos los años que llevamos viviendo en democracia.
Llamar "valientes" a un gobierno y a un partido político que acaban de claudicar ante Puigdemont resultaría sonrojante para cualquiera dotado de un mínimo de dignidad. Porque lo que se confirmó el otro día es que quien duerme en la Moncloa es Sánchez, pero quien manda en España es Puigdemont.
Las mentiras vertidas sobre la amnistía son un insulto a la inteligencia de los españoles. Porque, efectivamente, la amnistía y su tramitación se sustentan sobre una auténtica montaña de falsedades con las que se pretende justificar lo injustificable. Basta recordar las declaraciones de los líderes socialistas antes de las últimas elecciones, Sánchez y Bolaños incluidos, argumentando exactamente lo contrario de lo que argumentan ahora: la absoluta inconstitucionalidad de esa medida, fuera de toda duda entonces, y su intachable constitucionalidad ahora. Y remontándonos más atrás, las promesas de Sánchez de traer a Puigdemont para responder ante la Justicia, su total acuerdo con la aplicación del artículo 155 en Cataluña o cómo consideraba rebelión lo que luego fue sentenciado como sedición. Son muy pocos los socialistas que han mantenido su opinión antes y después de las elecciones. Casi todos han mostrado una sumisión casi abyecta. Si el secretario general cambia de opinión, el resto cambia con él.
El argumento nuclear, la reconciliación, es de nuevo falso. Lo que está detrás, y eso lo sabemos todos, incluyendo los socialistas, es la necesidad de Sánchez de garantizarse los votos para su investidura y para sus iniciativas parlamentarias a lo largo de la legislatura. Pero la amnistía no basta ni garantiza nada. Los propios beneficiarios ya han hecho saber que detrás vienen la autodeterminación y la independencia, además de privilegios económicos y competenciales. Es decir, no hay reconciliación. Hay una venta descarada de votos a cambio de impunidad. Pero es sabido que el soborno de hoy es el chantaje de mañana, y Sánchez va a estar sometido a un chantaje permanente, y con él todos los españoles.
Ha habido un dictamen provisional de la llamada Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa (que no del Consejo Europeo, órgano éste de la UE), que introduce una serie de condiciones que la proposición de ley y su tramitación incumplen clamorosamente. Decir que ese informe sentencia la conformidad del procedimiento es mentira. La Comisión dictamina que sería preciso un cambio en la Constitución, una tramitación amparada por dictámenes jurídicos, que se han obviado, y un procedimiento normal y no urgente como el que se ha producido, además de un amplio consenso social y político, a todas luces inexistente. Pero es que además, esa Comisión ha dictaminado sobre una proposición de ley que es distinta de la que finalmente se está tramitando.
Y por último, la introducción de los delitos de malversación, terrorismo y traición entre los supuestos amnistiables amparándose en el Derecho europeo y no en el Código Penal español es otra burda maniobra. Oír a Sánchez decir que el Partido Socialista va a ser implacable frente a la corrupción, para a continuación oír que se van a amnistiar delitos de malversación resulta indecente. Además, una comparación de la definición de terrorismo que hace la Directiva comunitaria 2017/541 con la que figura en nuestro Código Penal certifica su similitud. Tanto nuestro Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la UE habrán de hacer malabarismos para aceptar la conformidad de esa ley con la Constitución y el Derecho europeo. No creo que sea posible.
El día que esta ley sea definitivamente aprobada, España habrá dejado de ser una democracia homologable. Y ese día está cerca. Porque si ya es grave que los delincuentes infrinjan las leyes, más grave es que lo hagan con impunidad y amparados por los poderes del Estado. Pero todavía lo es más que sean ellos quienes redacten las leyes. Y eso es exactamente lo que ha pasado aquí.
Julio Calvo Iglesias es presidente del Comité Ejecutivo de Vox en Zaragoza
