La aprobación de la ley de amnistía en el pleno del Congreso del jueves pasado debería contribuir a marcar un tiempo nuevo en la política española, tanto por lo que respecta al Gobierno como a la oposición. Dada su mayoría parlamentaria tan precaria su mejor resultado sería la consolidación de la normalidad política en Cataluña y de los partidos catalanes en las Cortes.

No se puede negar que el origen de la tramitación de la ley de amnistía fue cínicamente interesado. En las encuestas de opinión, un abrumador 85% opina que la razón principal ha sido poder gobernar, mientras que los argumentos que ofrece el Ejecutivo de que su propósito es mejorar la convivencia en Cataluña y la de ésta con el resto del país convencen apenas al 38% y los desdeñan un 55%. Por ello su fundamentación cívica falla. Aunque el presidente lo repita, la ley no ha tenido como punto de partida ni tendrá como punto de llegada la reconciliación. En el conjunto de España, casi el 60% considera que la futura ley es injusta y supone un privilegio.

Ninguno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno en su favor obtiene la aprobación de la ciudadanía. Por lo tanto, es lógico que el PSOE esté sufriendo un importante desgaste electoral. A expensas de lo que pueda suceder en Cataluña. Está pagando que negó su constitucionalidad. No pensaba que la promovería y ha transcurrido más de medio año y aún no ha elaborado una explicación sólida que legitime el cambio de posición entre el grueso de su electorado.

El largo ciclo electoral que comienza con las elecciones vascas en abril, las catalanas en mayo y las europeas en junio, no hace albergar demasiadas esperanzas sobre la vuelta del sosiego al debate público. Parece necesario reflexionar sobre los datos que aporta un estudio publicado a finales de febrero por el Pew Center (con unos 31.000 encuestados en 24 países). España es el país de los 24 objeto del estudio en el que es más alto el porcentaje de encuestados que considera que a los políticos no les importa lo que piensan personas como ellos (un 85%, frente a una media del 74%); y es uno de los países en los que, en comparación con una radiografía equivalente hecha en 2017, más ha aumentado el porcentaje de quienes consideran favorablemente un Gobierno de técnicos en vez de políticos. Era un 49% a favor y otro tanto en contra, entonces; ahora, un 65% lo ve bien, y solo un 34% mal.

Datos que no nos deben sorprender. Recordemos que han pasado ocho meses desde las elecciones generales. La ciudadanía eligió en julio un Parlamento que obliga a contrastar programas y a buscar acuerdos. Y frente hacer política hemos visto supeditar el interés partidista al general.

El Partido Popular gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y es, por tanto, corresponsable de las políticas que afectan a los ciudadanos, además de constituir un formidable contrapeso al Gobierno central, también desde la mayoría absoluta de la que goza en el Senado. El triunfalismo del Gobierno y el catastrofismo de la oposición, incapaces de hacer política, corren el riesgo de darse de bruces con la desafección ciudadana cada vez mayor en nuestro país. La desafección ciudadana podría estar entrando en una fase aguda, lo que se conoce como ‘inafección’. Ello, unido al descrédito de los principales partidos, puede favorecer la aparición de partidos extrasistema que hipotequen seriamente el futuro del país, además de polarizar todavía más a la sociedad al negar legitimidad al resto de los partidos.

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