Vuelva usted pasado mañana
La excepcionalidad inherente a la pandemia provocó la generalización de dos medidas en las Administraciones públicas: el teletrabajo y la cita previa obligatoria. En principio, nada cabe objetar a las mismas. Sin embargo, su aplicación en el país del ‘vuelva usted mañana’ está planteando problemas.
La exigencia de la cita previa se ha puesto en tela de juicio por diferentes juristas e incluso por el ministro José Luis Escrivá.
Para muchos ciudadanos, la Administración se refugia detrás de un muro con la imposición de la cita previa obligatoria. Sería un ejemplo más de lo que se ha dado en llamar ‘burocracia defensiva’, aunque muchos temen más a la ‘burocracia ofensiva’, aquella que se pone de manifiesto, con especial eficacia, en el ámbito sancionador o en el de la recaudación de tributos.
En cualquier caso, y como ya he indicado, el ‘vuelva usted mañana’ que popularizó Mariano José de Larra hace casi dos siglos tiene su reflejo en el virtual mundo de la Administración actual. Este medio ha recogido excelentes artículos al respecto e interesantes cartas al director, que han evidenciado la indefensión de los ciudadanos ante la inactividad administrativa.
En otro orden de cosas, no voy a afirmar que sobran empleados públicos en lo que podríamos denominar oficinas burocráticas. Es cierto que la Administración electrónica debería conllevar su reducción, pero tampoco debemos olvidar el incremento exponencial de las normas administrativas y las consecuencias que ello acarrea. Lo que sí es cierto es que la tipología de las clases de funcionarios ha sido forzada en la práctica por las propias Administraciones, lo que asombra a las instancias europeas. La existencia de funcionarios interinos que permanecen prestando servicios regulares durante lustros en el mismo puesto de trabajo explica parte de la desquiciante y contradictoria ‘jurisprudencia’ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En el siglo XIX, la función pública padeció la gangrena de las cesantías. El sistema generaba profunda inseguridad y abocaba a la parcialidad, ya que los gobernantes designaban o cesaban discrecionalmente a los funcionarios. Ahora bien, ¿no nos hemos pasado con la práctica imposibilidad de separar del servicio a un funcionario que ha perpetrado faltas muy graves?
Como muestra de la lasitud de nuestro sistema, y en un osado acto sin precedentes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial había suspendido el curso de formación a una juez en prácticas tras haber sido sorprendida copiando en dos exámenes. Además, sumaba catorce faltas de asistencia no justificadas y había calcado trabajos elaborados por otras dos compañeras de la promoción. La consecuencia es que deberá repetir el curso con la siguiente promoción, perdiendo su lugar en el escalafón.
Si se me permite la ironía, cuánta severidad con esta mujer, que alegó problemas personales. No me quiero imaginar qué puede ocurrir si su primer destino es Barbate. Por cierto, dado que la carrera judicial hace tiempo que está dejando de ser un sistema cerrado de función pública, basado en el carácter reglado de los ascensos, tampoco sería extraño verla actuar, al filo de los cuarenta años, en algunos de los juzgados o tribunales más relevantes de nuestro país. Sólo es necesario que acierte en su afiliación a la asociación judicial oportuna.
Ángel Garcés Sanagustín es doctor en Derecho
