Un pleito sobre aguas
Las tractoradas de estos días me traen el recuerdo del único pleito que he conducido en mi vida, como asesor, que perdí y que me enseñó mucho sobre los agricultores. Lo acepté con la autorización del rector y a través de la ‘transferencia de los resultados de la investigación’ (OTRI).
Narro los hechos. En Jumilla se habían perforado dos caudalosos pozos en 1970 y 1972. Los alumbró en terrenos suyos la empresa Neasa, que los hizo aforar para inscribirlos en el antiguo Registro de Manantiales (Decreto de 23 agosto de 1934). Sus caudales fueron de 108 y 102 litros por segundo. En 1980 Neasa inmatriculó los pozos en el Registro de la Propiedad de Yecla, y en 1982 los vendió a otra empresa, Lucentum, S. A. Esta fue vendiendo a finales de los años ochenta a diversos agricultores de la zona, y a algún ganadero, diversas ‘acciones’ de aguas de esos pozos. El sistema era legal y muy eficiente bajo la gran y sabia Ley de Aguas de 1879. Las ideas de un mercado del agua privada eficiente las impulsó la buena Ley de Heredamientos de Aguas para Canarias de 27 de diciembre de 1956, que proponía en su letra un sistema de un tal mercado que se extendió por el Levante y otras regiones. Mi cliente fue una sociedad agraria de transformación (SAT: sociedad civil), cuyo nombre omito, que agrupaba a unos 250 socios (250 familias) que en esos años siguientes fueron poniendo en regadío (regadío de apoyo, porque en Jumilla algo llueve, pero poco) unas 2.500 hectáreas con la construcción de una tubería bajo tierra de unos tres kilómetros de larga, con la necesaria servidumbre voluntaria de acueducto, y con ramales para distribuir el agua de los pozos por las distintas fincas de los copropietarios del agua privada.
Llevo investigando y publicando sobre aguas cuarenta años y he impartido durante ocho años, con un prestigioso colega, una asignatura de Derecho agrario. Supongo que fue esa la razón de que mi cliente me intentara convencer de que los defendiera cuando se vieron acosados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). En efecto, desde 2000 les iniciaron una serie de expedientes sancionadores con multas de cuantía creciente y con la amenaza de cerrarles los pozos. Cuando vinieron a verme a Zaragoza les amenazaban una multa de cien millones de pesetas y el cierre de pozos (o sea, quedarse en paro, o poco menos). Me convencieron. El pleito lo llevó también un despacho de abogados de Alicante pero yo me reservé llevar las riendas y redactar los escritos decisivos.
El marco legal era ya la nueva Ley de Aguas de 1985, cuyas disposiciones transitorias, sobre las aguas privadas, son muy defectuosas y oscuras. Redactadas por mentes abstrusas e ignorantes en tiempos de gobierno del PSOE, se reformaron tres veces por gobiernos del PP, consiguiendo las tres reformas lo que parecía imposible, debilitar aún más la propiedad privada del agua. El meollo de la cuestión era si se pueden o no bajo la ley de 1985 vender y trasladar las aguas privadas. Cuantos hemos estudiado la cuestión a fondo (hay media docena de monografías sobre esto) vemos legal la venta. Pero la sentencia contencioso administrativa del Tribunal Supremo (TS) de 27 de octubre 2009 defendió que no era legal. Del millar largo de sentencias sobre aguas que me he leído quizás esta, que juzgo con parcialidad, es la peor y aumentó mucho la inseguridad jurídica. Recientes sentencias del TS, como la de 10 noviembre de 2020, afirman que la situación jurisprudencial en aguas privadas es "caótica" y "calamitosa" (sic).
Escuché el otro día al ministro de Agricultura, Luis Planas, tras pedir con razón a los agricultores el respeto de las leyes, criticar la afirmación de los dirigentes de Vox y del PP de que hay en el poder "dogmatismo climático". Lo hay. Existe un ecologismo científico y otro de pancarta, aunque el segundo siempre hable en nombre de la ciencia. Respeto al Sr. Planas, en quien veo una cabeza bien amueblada, y menos a la Sra. Teresa Ribera, a la que bien cabría situar en el ecologismo radical de consignas y pancarta.
José Luis Moreu Ballonga es catedrático de Derecho jubilado
