Una tarea sin dependencias
Que el acuerdo entre populares y socialistas fuera rápido añadió una cierta tranquilidad. Una crispada discusión sobre los nombres de aquellos que habían de ocupar el Justiciazgo y la Cámara de Cuentas habría alentado todo tipo de suspicacias e interpretaciones. Alcanzar una responsabilidad pública tras haber sufrido una serie de zarpazos políticos no parece que hubiera sido la mejor forma de comenzar una nueva andadura. Afortunadamente, en este caso, hubo reparto de papeles y el consenso se impuso. Ahora serán los nombres propios en sus nuevos cargos, y su deseo por poner en valor su propia independencia, los que habrán de conceder estabilidad y credibilidad a estos dos organismos que solo responden ante las Cortes de Aragón.
Tanto la nueva Justicia, la magistrada Concepción Gimeno Gracia, como los tres consejeros de la renovada Cámara de Cuentas (Jesús Royo, Anabel Beltrán y Antonio Cendoya) habrán de asumir que el resultado de su trabajo puede resultar incómodo para el Gobierno, aceptando un papel fiscalizador que tendrá que corregir y limitar los excesos del poder. La grandeza y también la fortaleza de estas dos instituciones descansan en su capacidad para controlar las actuaciones de aquellos que decidieron que fueran, precisamente ellos, los elegidos para el cargo. Una democracia no puede considerarse plena si no queda sometida a diversos controles, por lo que el procedimiento de elección (solo hay que tener presente el debate que existe en España sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial) también requiere de un buen número de cuidados.
El ideal describe que los tres consejeros de la Cámara, cada uno de ellos previamente convertido en candidato a propuesta de un partido (PP, PSOE y Vox), deberán atender a su solvencia profesional y técnica por encima de cualquier tentación de dependencia externa. La aún breve trayectoria de la Cámara de Cuentas no ha impedido que se haya descubierto como una clara garantía de control de la actividad económica de los organismos públicos aragoneses. A lo largo de estos años, y pese a sufrir más de un impedimento en forma de falta de colaboración, sus informes han contribuido a elevar la reputación de la Comunidad.
Para que el trabajo de la Justicia (tercera autoridad de Aragón) y la Cámara resulte efectivo ha sido necesaria una aceptación consensuada de su espacio de actuación, una concesión de credibilidad que, en mayor o menor medida, también les ha venido otorgada por los diferentes gobiernos. Este juego de legitimidades atribuidas otorga a ambos organismos una responsabilidad propia que se descubre en un desempeño riguroso, pero que, igualmente, obliga al Gobierno PP-Vox a una renovada muestra de colaboración y atención. La tolerancia del Ejecutivo al control del Justiciazgo y de la Cámara de Cuentas dará fiel medida de su voluntad de transparencia y exigencia democrática.
Ante las nuevas amenazas que recorren Occidente tensionando la convivencia, y que incorporan una deslegitimización de las instituciones y una búsqueda del rebaje de su papel en beneficio de otros protagonismos con un dudoso respeto hacia los valores democráticos, conviene extender un manto de protección sobre el Justiciazgo y la Cámara de Cuentas de Aragón.
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