Hace unos días, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, anunció su intención de suprimir la obligatoriedad de la cita previa como único camino para relacionarse como ciudadano con la Administración. 

Y de paso, anunciaba también una reforma de la Administración, ambiciosa propuesta que nadie, nunca, en España ha conseguido realizar.

Nuestra Administración pública arrastra desde el siglo XIX, por no ir más atrás, tics de ineficacia notables, tendencia hacia la burocratización e inflación de funcionarios. Salvo honrosas excepciones, que las hay, no existe en la Administración la idea de servicio público, es decir, la conciencia de que se está allí para atender a los ciudadanos y ayudarles a resolver sus problemas; se ha conseguido levantar una especie de muro entre Administración y administrados, de modo que a la hora de tener que realizar algún trámite, te tiemblan las canillas por temor a lo que te puedes encontrar al otro lado de la ventanilla. Ya no digo sonrisas, pero sí afabilidad, cortesía, interés por tu asunto, actitud resolutiva.

Tal y como se expresó el ministro, no parece que lo de la supresión de la cita previa vaya a ser una realidad inmediata ni que de alguna manera la cita previa siga existiendo, aunque ahora sin esa obligatoriedad que se nos impuso sin que las leyes reguladoras de la Administración pública contemplasen esa posibilidad que de forma provisional se implantó con motivo excepcional durante la pandemia, pero que, superada ésta, ha dejado de tener sentido aunque la Administración (o los administradores) se haya empeñado en mantenerla por su propia comodidad o por disuadir al ciudadano de acercarse a mostradores y ventanillas a molestar.

Hasta el Consejo Económico y Social ha advertido de la insatisfacción ciudadana que está produciendo esto de la cita previa, que supone, afirma, una barrera entre Administración y administrados. Es un clamor ciudadano que se ponga fin de una vez a esta figura anómala y excepcional en un pretendido Estado del bienestar, del que también forman parte las facilidades para que fluyan con normalidad las relaciones con las administraciones.

Lo más chusco de lo que dijo el ministro Escrivá es la creación, como "elemento fundamental", de la figura del "evaluador de los servicios y las políticas públicas para mejorar la eficacia de la Administración". Palabras que suponen el reconocimiento de que la eficacia de la Administración hoy en día no es la mejor de las posibles y que su actividad y funcionamiento requieren una evaluación. Un puesto más, por otra parte, para colocar amiguetes con sueldazo, oficina, coche oficial y gastos pagados.

En todo caso, todos estos anuncios han provocado un cabreo general en el funcionariado, que ve amenazada su situación de trinchera que frente al desgraciado ciudadano español ha propiciado la dichosa y funesta cita previa, con cuya supresión el propio ministro del ramo parece no atreverse a cortar por lo sano. ¡Pobres de nosotros!

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