Aragón, pueblo del Derecho por excelencia, no puede permanecer callado ante esta operación política orquestada por Pedro Sánchez y sus socios contra nuestros jueces. Todos los operadores jurídicos tienen que salir al paso de esta cacería al juez por tutelar y defender nuestros derechos y los de la sociedad.

Decía con gravedad el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos William Rehnquist en una famosa conferencia de 2004: «Ese sistema equilibrado de controles y contrapesos del poder en la Constitución americana, se mantiene por el respeto de la gente hacia el poder judicial. El grado de preservación futura de esa independencia judicial dependerá de nuevo, en gran medida, del respeto del pueblo por la justicia. Mantener ese respeto y confianza de la gente, pero sin hacernos a su vez cautivos de la opinión pública, continuará siendo un desafío».

Así, la buena salud de la Constitución no depende de lo buenos o malos que sean nuestros legisladores, sino del respeto y la confianza que tenga la gente hacia el Poder Judicial, hacia sus jueces. Por ello, hacerles perder ese respeto erosiona y dinamita el Estado de derecho, para conseguir el poder político a la postre, como en el mito de la caverna de Platón, engañarnos para que veamos a los jueces como nuestros mayores enemigos, cuando, en realidad, son personas independientes, muy preparadas, bien integradas en la sociedad y a la que sacrificadamente sirven, protegiendo nuestros derechos e intereses, leal y desinteresadamente.

Se pretende poner a nuestros jueces en la picota, que la gente los odie, que los humille, y para colmo, que sean purgados como nuestros peores enemigos.

Lo que la casta política pretende en realidad es que nosotros cumplamos las leyes que ellos nos dictan, pero ellos no, amenazando a cualquier juez que les obligue a cumplirlas con su depuración y el exilio del sistema. Esto no es más que instaurar un régimen populista que no tenga contrapesos y en donde el político de turno sea más bien una figura más próxima a un dictador. Es la muerte del Estado de derecho y la instauración de un régimen autocrático. ¿Quién les pondrá freno entonces? ¿Quién nos protegerá y defenderá?

Escribió para la posteridad el gran filósofo judeo-español Maimónides, en dos de sus famosos 613 ‘mitzvot’ o preceptos, que «nadie maldiga a un juez» y que «el político haga una copia de la ley para él mismo», para que no olvide en ningún momento que es el primero que la tiene que cumplir y hacerla cumplir, y la ley de leyes en España es la Constitución española de 1978, que en su artículo primero propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia y la igualdad.

Premiar con una inconstitucional amnistía a los políticos del ‘procés’ catalán supone incentivar que den un próximo golpe de Estado. Con el de 2017, conseguirán zafarse de la Justicia, purgar a los jueces que les condenaron, un aguinaldo de 15.000 millones para Cataluña y recaudar seguramente todos los impuestos que allí se paguen. Esto para Pedro Sánchez es ‘política’. Como para no organizar un próximo levantamiento; a lo mejor entonces tengamos que cederle a Cataluña las áreas catalano-parlantes de Aragón con todos nuestros bienes artísticos. Este es Pedro Sánchez, que nadie se equivoque. Así decía Francisco de Quevedo, tan relacionado con Aragón, que donde hay poca justicia, es hasta peligroso tener razón.

Si todos los operadores jurídicos y la sociedad en general no reaccionan contra esta purga con energía, nuestra democracia será un puro espejismo, y nuestra convivencia quedará hecha jirones en una lucha fratricida entre compatriotas. Nuestra Constitución está muy enferma, está muriendo. No es extraño que esto preocupe enormemente en las instituciones europeas, que ven la deriva populista hacia donde va España y fijen una línea de contención para no contaminarse de todo lo que escandalosamente pasa aquí.

Jorge F. Español Fumanal es abogado