España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad entre los trabajadores públicos, un 32%. 

Pero en la Diputación General Aragón (DGA) esa cifra llega al 51%, es decir, ni siquiera la mitad de nuestros empleados públicos autonómicos tienen un contrato indefinido. Y aproximadamente 17.000 -atención a este dato: equivale por ejemplo a todos los habitantes de una gran localidad como Ejea de los Caballeros, o al triple de la plantilla total de Stellantis en Aragón- se encuentran en situación de abuso de temporalidad, al haber sobrepasado el límite de tres años que marca la ley sin haber accedido a un puesto indefinido.

La utilización fraudulenta y abusiva de los contratos temporales es ilegal, precariza el trabajo, deja en situación de desigualdad a los trabajadores afectados y provoca una disminución en la calidad de los servicios. Pero la obligada fijeza una vez transcurridos los plazos legales, cuyo incumplimiento en el sector privado se penaliza con fuertes multas, es todavía un reto pendiente en el sector público. Toda una paradoja: quien debe velar por el cumplimiento de la ley se la salta olímpicamente.

Este problema, que se arrastra desde hace décadas, se ha agravado en los últimos años de manera alarmante hasta el punto de que la Unión Europa condicionó la llegada a España de los milmillonarios fondos Next Generation a que la temporalidad pública se redujera al máximo del 8% legal a 31 de diciembre de 2024. Con ese objetivo, las Cortes Generales aprobaron la Ley 20/21 de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, completada con el Real Decreto Ley 5/2023 a modo de segunda oportunidad para terminar de estabilizar al sector público en los límites que marca la legislación.

Pues bien, a pesar de que la mayoría de las administraciones y comunidades autónomas están cumpliendo en gran parte este importante mandato legal, la DGA sigue siendo la gran excepción, con porcentajes de temporalidad disparados hasta el 54,5% en la Administración general. Incluso el resto de las administraciones aragonesas (corporaciones locales, Universidad de Zaragoza o empresas públicas de la propia DGA) están desarrollando correctamente la ley.

Pero el anterior Ejecutivo autonómico presidido por el socialista Javier Lambán se limitó a sacar alrededor de un 15% de las plazas en un opaco y confuso proceso extraordinario de estabilización, mientras seguía echando a la calle a trabajadores con hasta 20 o 30 años de servicio público. En campaña electoral, tuvimos el apoyo expreso del Partido Popular, el Partido Aragonés e Izquierda Unida a nuestras demandas. Los tres firmaron el compromiso de acabar con los despidos masivos del personal interino y estabilizar de una vez al grueso de la plantilla (en la admistración autonómica trabajan unas 60.000 personas, un 10% de la población activa aragonesa).

La nueva y definitiva convocatoria extraordinaria de estabilización debería estar aprobada, según marca la ley, antes de fin de año y resuelta definitivamente en 2024. Queda poquísimo tiempo, por lo que urgimos al Gobierno de Aragón PP-Vox presidido por Jorge Azcón a poner toda la voluntad y los medios necesarios para resolver de una vez el problema.

La urgente y definitiva estabilización es una obligación legal, que permitirá la mejora de nuestros servicios públicos, de los que tan orgullosos debemos estar.

María Pilar Remírez pertenece al secretariado del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (Stepa)