La palabra amnistía
En la relación de los doce vocablos elegidos por la Fundación del Español Urgente (Fundéu RAE) para convertirse en la palabra del año, un particular concurso que valora tanto su presencia en los medios de comunicación como su interés lingüístico y cuyo ganador se conocerá el próximo 27 de diciembre, destaca el término amnistía. Sirva mi voto para refrendar la candidatura de una palabra que no solo ha arrasado en titulares y crónicas periodísticas, sino que también ha condicionado el devenir político de los últimos meses. Junto a amnistía compiten palabras como polarización o euríbor, construyendo entre las tres el que podría ser el mejor resumen de 2023.
Políticamente el año arrancó en mayo. Las elecciones autonómicas y municipales marcaron un cambio de ciclo político, que se confirmaría en los comicios nacionales de julio, aunque no se reflejó en un posterior relevo en la Moncloa. La pérdida de la correlación directa entre el acceso al poder y los resultados electorales, que ha permitido que por primera vez en democracia el segundo partido más votado logre la presidencia del Gobierno gracias a una controvertida relación de acuerdos con el independentismo, ha sacudido la vida política nacional. Sin dudas sobre la legitimidad de esta nueva mayoría, reconocida por el propio Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura, la discusión se ha centrado en el nivel y grado de las cesiones y en el debilitamiento de buena parte de los valores que marcaron el pacto constitucional del 78. La preocupación sobre la difuminación del espíritu de la Transición, valor sobre el que se ha asentado la convivencia en los últimos 45 años, y el tolerado acoso al poder judicial (no rebajado pese a la negociación abierta para renovar el CGPJ o el último rechazo del PSOE a que los jueces acudan a las comisiones de investigación del Congreso), ha despertado un clima de preocupación que ha inmerso al país en la polarización. Sin acuerdo entre las fuerzas mayoritarias sobre las cesiones al independentismo, consenso que sí se alcanzó entre PP y PSOE en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017, el presidente Pedro Sánchez ha buscado hacer de la necesidad virtud para dar forma a una etapa en la que prima la aritmética parlamentaria. La futura ley de amnistía, ofrecida por Sánchez bajo el valor de la recuperación de una supuesta convivencia rota (fracturada por aquellos que ahora se benefician de una norma diseñada a medida), ha generado un descreimiento institucional. Abierta la puerta a que cualquier alternativa, por inverosímil que parezca, logre la condición de posibilidad, se está observando una atropellada superación de los límites que el pacto constitucional había venido respetando y que eleva las dudas sobre cuestiones como el nuevo modelo de financiación autonómica.
Frente al malestar ciudadano, expresado en las diferentes encuestas en el rechazo a la amnistía o al acuerdo con el que el PSOE ha entregado a Bildu la alcaldía de Pamplona, el Ejecutivo ha optado por apretar los dientes y aguantar el temporal. Empeñado en que la opinión pública acelere la digestión de estas renuncias, el Gobierno, que se ha enfrentado a grandes manifestaciones de rechazo en las calles, ha contado en este año con la ayuda de una situación económica capaz de modular el malestar social. Pese a las dificultades aparecidas en la cesta de la compra o unos elevados tipos de interés, 2023 se cierra con una clara sensación de estabilidad económica que seguro echaremos en falta en el próximo y bisiesto año que ya se presenta en clave de desaceleración. La subida de las pensiones o del salario mínimo pueden frenar el choque social, pero no ocultan la existencia de un agitado discurrir que no parece anticipar un cambio de tono político.
