Manifestación en Pamplona
La manifestación de ayer en Pamplona, en la que tomaron parte miles de personas, pone de manifiesto el profundo malestar que en una gran parte de la sociedad navarra y española ha causado la decisión del Partido Socialista de entregar la alcaldía de la capital a un partido que mantiene claros vínculos con el terrorismo de ETA.
Sea o no fruto de los acuerdos de investidura, los socialistas saltan con este pacto una nueva barrera política y moral que debería haberse mantenido, y dan un paso más en un desafortunado proceso para conferir respetabilidad a los herederos de la banda criminal.
Navarra, como el conjunto de España, sufrió durante largos años la sangría del terrorismo etarra, así como la degradación ética que la violencia enquistada produjo en la sociedad. El acercamiento del PSOE a EH Bildu supone un tremendo error que desdibuja la separación que debería existir entre los constitucionalistas y quienes no se avergüenzan de ostentar el legado político de ETA. Las conveniencias para conseguir o mantener cuotas de poder han llevado a los socialistas a normalizar la relación con Bildu, primero con el apoyo que los abertzales prestaron en 2018 a la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, después con los acuerdos para la investidura de María Chivite como presidenta de la Comunidad Foral en 2019 y el pasado verano. Ahora el PSOE da un paso más grave al apoyar la elección de un alcalde de Bildu en Pamplona. A pesar de las declaraciones en sentido contrario es difícil no ver que la tendencia apunta también a posibles pactos en un futuro próximo sobre la gobernación del País Vasco. Esta errónea deriva moral y política del PSOE supone un golpe más para el constitucionalismo. La protesta de ayer en Pamplona no concierne por ello solo a unos u otros partidos, sino que se trata de una defensa de la dignidad ética con la que debiera encauzarse la vida política española.
