Un viernes, 10 de diciembre de 1948. La Organización de las Naciones Unidas estaba reunida en el Palacio de Chaillot, en París, presidida por el Sr. H. V. Evatt, de Australia. Era la sesión plenaria 183. Tras una resolución y varias enmiendas, se votó por separado cada uno de los siete considerandos del preámbulo y cada uno de los 31 artículos del texto. 

El art. 3 fue rechazado, y se aprobaron los 30 de que consta, 24 de ellos por unanimidad. La Declaración Universal quedaba aprobada, adoptada por aclamación de la Asamblea General reflejada en la Resolución 217 A (III), y al día siguiente tuvo lugar la votación general con 48 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones: 6 países del área soviética, por discrepancias ideológicas, y dos países porque no se ajustaba plenamente a la ‘sharia’. Faltaron dos países.

Eleanor Roosevelt, que presidió un tiempo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, intervino decisivamente en la redacción de la Declaración y afirmó que "bien podría convertirse en la Carta Magna internacional de todos los hombres".

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un ideal común para todos los pueblos y naciones, y los derechos que contiene deben protegerse en todo el mundo. Tuvo una buena recepción general. Conviene que todos los pueblos conozcan la autoridad y buena voluntad de Naciones Unidas al aplicarse al incremento de la felicidad humana. De hecho, la ONU fue creada para lograr la libertad, la justicia y la paz de la humanidad y entre los Estados.

Pero una paz creativa, en la que todos los hombres y mujeres vivan su fe en la democracia como sistema ético ideal de organización política; una paz positiva que posibilite un desarrollo personal pleno de cada individuo, unas relaciones entre los seres humanos de fraternidad y unas relaciones sociales de convivencia y cooperación a todos los niveles, porque esta fe expresa una fe más profunda en la dignidad intrínseca a todos los seres humanos y que debiera orientar toda la vida humana, a nivel individual y social.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos introdujo un cambio de perspectiva en los planteamientos y estrategias políticas, con el fin de poner racionalidad y cordura en las decisiones de quienes ejercen el poder. Se trata, en definitiva, de establecer las condiciones de posibilidad de una vida humana digna de ser vivida. Y, por lo tanto, de la protección y garantía jurídica de estos derechos humanos.

Para regular las relaciones entre los Estados y las actividades de los ciudadanos, así como sus empresas económicas, proyectos culturales, etc., ya están el Derecho internacional público y privado y el ordenamiento jurídico interno. Ahora bien, para procurar la convivencia de todos los seres humanos en una paz positiva, había que contar con un texto especialmente humano por el que la humanidad, tanto de todos los seres humanos en general como la humanidad de cada persona, entrase en la política y en el derecho y los inundase en todos sus aspectos. Era necesario empezar reconociendo la humanidad de todos los individuos, es decir, su racionalidad, libertad, igualdad, sociabilidad, su dignidad… Ese texto fue la DUDH, base de los más de 200 documentos que la comunidad internacional ha elaborado y que los países han ido ratificando, con el compromiso de modificar consecuentemente su legislación interna para la aplicación de tales derechos en beneficio de todos.

Así, la Declaración procura sentar las bases para la justicia y la paz entre los Estados, que eviten nuevas confrontaciones, pero fijándose en la base humana de la sociedad, cuyos protagonistas son los seres humanos. Por eso, asumiendo implícitamente cómo es la naturaleza humana y los elementos que la constituyen, la Declaración proclama universalmente, a los cuatro vientos, los Derechos Humanos de los seres humanos, los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. A su vez, la Declaración requiere que estos ciudadanos sean los primeros en asumir y desarrollar su condición propia de seres humanos, que se hagan dignos de su dignidad humana, y simultáneamente exige a los Estados que sus políticas tengan siempre en cuenta la protección y la garantía de tales Derechos y la humanidad de sus ciudadanos.