Los españoles celebramos hoy que hace cuarenta y cinco años pudimos restaurar la democracia en nuestro país mediante la aprobación de la Constitución de 1978, la primera de la historia que nacía del consenso de todas las fuerzas parlamentarias. 

La celebración, no obstante, se ve empañada por los ataques polarizadores que viene sufriendo en los últimos tiempos. Por una parte, una Ley de amnistía que no está contemplada ni en su letra ni en su espíritu y que, además, solo se tramita por imposición de los amnistiados a cambio de sus siete votos. Por otra, la presión de partidos aliados del Gobierno que han declarado públicamente su intención de destruir la Carta Magna. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos respaldan su Ley Fundamental, aunque haya que realizar alguna adaptación para que siga siendo la norma capaz de resolver los problemas de la organización política del presente y del futuro.

La Constitución del 78 es la mejor que hemos tenido los españoles. Ha permitido años de prosperidad y de bienestar. Está llena de virtudes, pero es necesario adaptarla a las nuevas realidades sociales y tecnológicas del país a través de interpretaciones por parte del Tribunal Constitucional o de reformas puntuales y consensuadas (como acabar con la preferencia por el varón en la Corona o eliminar el término "disminuidos" del artículo 49 sustituyéndolo por "personas con discapacidad"). 

Ningún individuo ni ningún partido tiene la potestad para dañar o erosionar un orden constitucional que desde hace cuatro décadas y media viene garantizando eficazmente a los españoles las exigencias humanas de libertad, igualdad, justicia y solidaridad. La Ley Fundamental de 1978 ha dado a los ciudadanos la tranquilidad y la convicción de que sus libertades y sus derechos están protegidos frente a los demás y frente a los extremos.