Todavía la Constitución de 1978 no es la que más tiempo ha estado vigente en la historia de España –aún le gana la de 1876, que presidió la Restauración–, pero es indudable que está en horas bajas. 

Nació de un amplio acuerdo entre las principales fuerzas políticas del momento, que fueron capaces de encontrar un terreno de juego común y unas reglas con las que dirimir diferencias ideológicas o políticas, sin tener que empezar de cero cada vez, que eso es una Constitución. Sin embargo, hace tiempo que la lucha por el poder parece dominar sobre cualquier otra consideración, por eso los gobiernos, que lo detentan, han adquirido un papel desmesurado. Por eso aparecen extrañas mayorías parlamentarias, cuyo principal punto de unión es repartir el botín del poder.

La democracia no solo significa votar libremente cada cierto tiempo, aparte de respetar a las minorías y permitir la alternancia. La democracia exige también respetar el juego de contrapesos que representa la separación de poderes, para que cada uno de los tres pueda cumplir su papel ateniéndose rigurosamente a las formas y los procedimientos. Aunque lo pretendan, los gobiernos no son los propietarios del Estado, sino solo sus gestores temporales, por más que en los últimos tiempos hayan tendido a minusvalorar al legislativo e interferir en el judicial. Malos tiempos para el constitucionalismo democrático.

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Joaquín Costa