Aunque se ha agravado no poco con los últimos acontecimientos, el deterioro en el funcionamiento de las instituciones en España viene de lejos. Ahí está como prueba la incomprensible situación del Consejo General del Poder Judicial, cuya composición debería haberse renovado hace cinco años. 

Pero la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP hace imposible el nombramiento de nuevos consejeros. Es indudable que esta prórroga forzada, que vulnera un claro precepto constitucional, resta fuerza a las decisiones del Consejo, por acertadas que puedan ser, y hasta facilita que se ponga en duda su legitimidad. Sería insufrible que esta anómala provisionalidad se prolongase todavía durante una legislatura más. Es difícil saber cuál de los dos partidos tiene más responsabilidad en la falta de renovación del Consejo, pero seguro que a los dos les corresponde una parte de culpa. Seguro que los socialistas han intentado aprovechar las precarias mayorías parlamentarias que han tejido para forzar el nombramiento de consejeros que consideren afines. Y seguro también que los populares, que se sienten cómodos con la composición actual, no tienen prisa en cambiarla. Pero uno quiere creer que tiene que haber en España, no uno ni dos, sino muchos magistrados y juristas que, cumpliendo los requisitos para el cargo, no lleven pegada en la frente una obvia etiqueta de ‘izquierda’ o de ‘derecha’. Y bastaría un poco de buena voluntad y de sentido de Estado en el PSOE y en el PP para que algunos de ellos fuesen elegidos. Lo que pasa es que pedir buena voluntad y sentido de Estado es, ahora mismo, mucho pedir.

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