En defensa del Estado de derecho
El pasado día 9 de noviembre, el PSOE y Junts per Catalunya firmaron un acuerdo que contiene el siguiente párrafo: "En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad".
Lo que este concreto párrafo quiere decir es que se van a constituir comisiones de investigación parlamentarias cuyo objeto será estudiar actuaciones judiciales, para identificar casos de ‘lawfare’ (utilización de los procesos y resoluciones judiciales con fines políticos), y exigir a continuación responsabilidades a los jueces y tribunales que las hayan llevado a cabo. Es decir, el poder legislativo fiscalizando al poder judicial con criterios políticos, y haciendo derivar de esa fiscalización "responsabilidades" para dichos jueces y tribunales.
Esto supone una clara injerencia del poder legislativo en el poder judicial, y un ataque frontal contra la independencia judicial y la separación de poderes propia de un Estado de derecho.
Me gustaría añadir que el mal ya está hecho, al menos en parte: la simple firma del acuerdo entre los dos partidos lanza un mensaje a los jueces, para que tengan cuidado con lo que deciden, no sea que en el futuro alguna comisión parlamentaria considere que es ‘lawfare’, y se les vayan a exigir responsabilidades.
Pero hay más. También la amnistía pactada, más allá de su posible inconstitucionalidad, constituye una nueva agresión a principios básicos del Estado de derecho, como son el de imperio de la ley y el de igualdad de todos los ciudadanos.
Dicho brevemente, esa amnistía es políticos perdonando delitos a políticos a cambio de un precio político. Quienes están en condiciones de pagar ese precio, porque tienen los votos necesarios en el Congreso de los Diputados, pueden evitar que se les aplique la ley (lo que supone una vulneración del principio de imperio de la ley), a diferencia de cualquier otro ciudadano que carezca de ese capital político (lo que implica la vulneración del principio de igualdad de todos los españoles). ¿Qué pensaríamos de políticos perdonando delitos a mafiosos a cambio de un precio en dinero?
Estas o parecidas consideraciones, tan condensadamente expuestas en estas líneas, nos han llevado a muchos profesionales del Derecho, también de nuestra Facultad, en la Universidad de Zaragoza, a posicionarnos públicamente, no tanto en contra de un pacto político o de una amnistía, cuanto a favor del Estado de derecho, del imperio de la ley y de la igualdad de todos los ciudadanos.
