Durante el siglo XVIII, los intelectuales españoles vieron a los partidos políticos como realidades propias de Inglaterra y de muy difícil implantación en otros países. Hasta la mitad del XIX, se identificaron con facciones peligrosas que rompían la unidad nacional. 

Solo en 1855 y de la mano de Andrés Borrego, aparece la primera gran obra dedicada a resaltar su importancia tanto para canalizar la opinión pública como para dirigir la política nacional a través de su acceso al Parlamento y al Gobierno. Desde entonces, su relevancia no ha hecho sino crecer hasta el punto de convertirse en piezas insustituibles de la democracia moderna.

Lo paradójico es que, aunque la mayoría de las democracias son hoy ‘Estados de partidos’ (García Pelayo), la democracia misma no suele formar parte de las pautas organizativas de esos partidos. Por su funcionamiento oligárquico, más que de democracias hay que hablar de ‘partitocracias’, en las que las más importantes formaciones políticas ejercen un poder transversal que se apodera de los distintos órganos del Estado. Al monopolizar las instituciones, desactivan la garantía para el buen funcionamiento democrático que supone la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).

Atentos a los numerosos teóricos que han subrayado la centralidad de los partidos en los sistemas liberales (desde Triepel a Kelsen, pasando por García Pelayo), los diputados constituyentes de 1978 quisieron reforzarlos como instrumentos fundamentales de participación política. Tras cuarenta años de estar prohibidos por la dictadura, la Carta Magna subrayó la importancia de sus funciones, garantizó su actividad y les otorgó una clara posición de hegemonía frente a otras formas de participación.

Con el paso de los años, esta hegemonía de los partidos se ha visto reforzada por los reglamentos de las dos Cámaras (que priman al grupo parlamentario en detrimento del parlamentario individual) y por el sistema electoral (que se basa en listas cerradas y bloqueadas que solo los partidos están en condiciones de conformar). Además, el procedimiento constitucional previsto para designar a los miembros de algunos órganos del Estado ha sido pervertido y hoy funciona como un reparto de lotes o cuotas. La consecuencia es que son los partidos quienes designan a los miembros de órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas…) y a los órganos reguladores (Banco de España, Mercado de la Competencia, Consejo de RTVE…), que por su naturaleza deberían ser independientes y tendrían que actuar como contrapesos.

El resultado es que, cuarenta y cinco años después de que los españoles aprobásemos la Constitución, los partidos han colonizado buena parte de la estructura política y social. Y no se trata solo de un problema de colonización, sino de que con frecuencia actúan como clubes antidemocráticos, sectarios y verticales, donde la autocrítica brilla por su ausencia y se funciona a golpe de silbato. Lo hacen tanto el PSOE como el PP, y aún más Vox y los demás grupos radicales.

El ‘poder’ dentro del Estado está en manos de unos partidos que monopolizan el acceso de los individuos al Estado y la representación del interés general. Lo paradójico es que, a pesar de esta desviación partitocrática, necesitamos a los partidos. Ahora bien, debe haber una reforma de su regulación para evitar las tendencias oligárquicas que se dan en su seno. Otra cuestión es quién le pone el cascabel al gato.

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