Desafío jóvenes
La llegada masiva de inmigrantes a Canarias y su distribución por el resto del territorio ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de reflexionar sobre la improvisación con que se está llevando a cabo la política de acogida y de posible integración de tantos jóvenes que acaban en España.
Para empezar, se ha visto claramente que se precisa una buena coordinación del Ministerio responsable con las autonomías, desde el primer momento, para que todos se sientan implicados.
Cuando llegan, el Gobierno central encarga a las entidades sociales con los que mantiene convenios económicos que atiendan a los inmigrantes en su primera etapa en España. Ocurre que, cuando termina esa primera etapa programada y conveniada, muchos se encuentran bastante solos, especialmente si no tienen documentación, caso muy frecuente. Entonces la atención la tienen que prestar las entidades sociales privadas -Cáritas entre otras-, que multiplican su esfuerzo, pero que muy difícilmente llegarán a cubrir las necesidades.
Se hace urgente buscar caminos de integración. En esta última avalancha, los representantes empresariales han pedido que se acelere la integración laboral de los que vienen, lo que por supuesto exige planificar la formación básica y la especialización técnica. Un tema capital, si de verdad se quiere que los que llegan, o una parte importante de ellos, puedan encontrar una nueva vida con futuro entre nosotros.
Por eso, bienvenido sea el Programa ‘Desafío Aragón’, puesto en marcha por el Gobierno aragonés a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). En su presentación decía la vicepresidenta de la DGA, Mar Vaquero, que "Aragón no puede permitirse el lujo de ignorar a los jóvenes". Según los datos de la EPA, hay en nuestra Comunidad 25.114 jóvenes entre los 16 y los 29 años que ni estudian ni trabajan. Suponen el 13,43% de los parados de Aragón. Un 59% de ellos tiene un nivel de formación inferior a la segunda etapa de la ESO.
El programa trata de conectar a los jóvenes con las oportunidades de trabajo a través de una formación alternativa, cuya gestión se ha adjudicado a las Cámaras de Comercio, a Integra y al CESTE. Se destinará 9 millones de euros y pretenden llegar al menos a 6.750 alumnos hasta 2029.
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