Gobernar para todos

Pedro Sánchez ha conseguido revalidar su condición de séptimo presidente de la democracia que trajo la Constitución de 1978. Lo ha hecho de forma legítima, pero con los votos de partidos que se han declarado abiertamente en contra de esa Carta Magna. 

A él le corresponde, como prometió el viernes ante el Jefe del Estado, "guardar y hacer guardar la Constitución". Arranca así una legislatura muy polarizada que vendrá marcada por la capacidad de la clase política para gestionar con tino las estériles tensiones entre los dos bloques monolíticos en que está dividido el Parlamento, entre el PSOE y el PP, entre el Gobierno y sus socios independentistas, entre los ‘populares’ y Vox, e incluso entre ERC y Junts, y entre el PNV y Bildu en el contexto de las próximas elecciones en Cataluña y el País Vasco. La multitudinaria manifestación cívica celebrada ayer en Madrid (en las antípodas de los reprobables actos de violencia de grupos de radicales) es un recordatorio para el presidente de que está obligado a gobernar para todos los ciudadanos.

Por primera vez, una sesión de investidura no ha recogido la declaración del candidato de que pretende ser el presidente de todos los españoles por encima de las diferencias partidarias. Con frecuencia ha sido más una declaración ritual que un compromiso cierto, pero al menos expresaba una voluntad que quedaba recogida en las actas del Congreso. Aunque Sánchez no lo haya hecho esta vez, es preciso reclamarle, por el bien del país, que no ponga los cimientos para levantar muros sino para tender puentes con esa gran parte de la sociedad que no le ha votado. Se abre una nueva etapa política preñada de dificultades, pero que es también una oportunidad para que el nuevo Gobierno, al margen de los peajes con sus socios, se esmere en mejorar la convivencia y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.