Mejorar la seguridad vial
El día diez de este mes –noviembre de 2023– se ha cumplido un año del fallecimiento de Mario Azúa, chaval de catorce años que circulaba con su patinete por el carril-bici cuando, al cruzar con prioridad y corrección (nadie lo ha cuestionado) la zaragozana calle de Argualas, fue atropellado por un autobús.
Todos los modos de transporte (a excepción del terrestre), cada vez que sufren un accidente grave, ponen en marcha un proceso independiente de investigación de las causas técnicas para que, una vez analizadas en detalle, se puedan formular las más adecuadas recomendaciones que lleven a una mejora de la seguridad. Se trata de una filosofía de trabajo muy simple: "si nada cambia, el accidente podrá reproducirse".
Una sociedad que actúa así, aparte de aplicar un muy lógico criterio técnico, también está sabiendo realizar un agradecimiento a las personas fallecidas o heridas en un accidente, ya que su desgracia personal es la que permite adquirir un valioso conocimiento que servirá para evitar futuras pérdidas humanas. Sin embargo, como antes decía, el transporte terrestre no realiza estas investigaciones técnicas e independientes. El único conocimiento que se obtiene de un accidente de tráfico con víctimas emana de la instrucción de los atestados por parte de fuerzas policiales, labor ésta que se realiza en auxilio del juez, para ayudarle a dirimir responsabilidades. Precisamente por ese motivo se ha creado una muy errónea cultura social que identifica la causa de los accidentes con el incumplimiento de alguna norma, encargándose la Administración de configurar un sistema normativo especialmente hábil para reconducir esa ‘causa-culpa’ hacia los usuarios. De esta forma, se realizan actuaciones administrativas tan peligrosas como suprimir el margen de seguridad de 20 km/h para adelantar en carreteras convencionales, o tan crueles como inventarse un concepto llamado "velocidad inadecuada" que permite que, en prácticamente todos los accidentes originados por el estado de la vía, se pueda identificar –si así se desea– algún tipo de responsabilidad en el usuario.
La seguridad vial no va a mejorar mientras nuestras administraciones, a cualquier nivel, no se planteen lo que podríamos llamar ‘empezar de cero’. Personalmente, creo que eso nunca sucederá a nivel nacional (la caduca Dirección General de Tráfico es desconocedora de las causas técnicas de los accidentes de tráfico y, pese a ello, se resiste a incorporar métodos que prueban su éxito en cualquier otro modo de transporte), aunque sí creo que podemos mantener esperanzas de que surjan actuaciones correctas desde los ayuntamientos españoles, los cuales podrían innovar sin contravenir normas de ámbito estatal o autonómico.
Yo confío en que los ediles españoles sepan encontrar caminos para impulsar la capacitación de sus ciudadanos como pilar básico de la seguridad vial, ya que son los procesos formativos rigurosos los que permiten entender el porqué de las cosas, a la vez que aprender a identificar y gestionar riesgos. Y también confío en que nuestros ediles diseñen corporaciones que muestren preocupación real por nuestra seguridad vial, estableciendo canales ciudadanos de información rápida sobre riesgos detectados y, lo más importante, con actuación inmediata de sus policías locales.
Si, añadido a todo esto, nuestros ayuntamientos supieran diseñar protocolos para la investigación técnica de los accidentes más graves ocurridos en su núcleo urbano y publicitaran tanto los resultados como las recomendaciones recibidas, ya se habría dado un paso de gigante.
Si se me permite descender al terreno personal, como zaragozano que soy, me preocupa especialmente lo que ocurre en mi ciudad. Y lo que ocurre es que el accidente sufrido por el joven Mario Azúa podría reproducirse en cualquier momento ya que, un año después, nada ha cambiado. Es una pena que no hayamos sabido dar valor a esa vida perdida en una Zaragoza cuya movilidad está cada vez más lejos de ser sostenible (concepto éste que va más allá de ‘lo eléctrico’). Sabemos que, a este paso, crecerán exponencialmente los accidentes relacionados con los vehículos de movilidad personal por lo que, en este escenario, sorprende que se pida a los ciudadanos opinión sobre el uso del casco. ¿No sería más lógico ampliar las miras y, simplemente, pedirnos opinión sobre el concepto ‘patinete’ como medio de transporte en nuestra ciudad?
