La ‘autoamnistía’

Resulta que el actual ‘progresismo’ consiste en retrotraernos a diferentes etapas de la historia, superadas hace tiempo en nuestro país por un sistema constitucional moderno y homologable a los más avanzados del mundo.

La amnistía nos devuelve a la época predemocrática. En una democracia, el Gobierno está al servicio del Estado. En una dictadura, todas las instituciones del Estado están al servicio del Gobierno. Esta cuestión ha sido entendida por todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista, que han denunciado unánimemente este infame proyecto normativo.

Un prófugo de la Justicia, sabedor de que no puede lograr legalmente la independencia para su territorio, acaba con la única independencia que reconoce la Constitución, la del poder judicial. Dicha independencia, al contrario que la propugnada por los separatistas, garantiza la igualdad de todos ante la ley. Todos los países, democráticos o dictatoriales, aprueban un Derecho del Estado, pero sólo los realmente democráticos garantizan un Estado de Derecho, basado en la inviolabilidad del poder judicial, que se controla a sí mismo a través de un sistema de recursos, incluidos, en nuestro país, los que se pueden interponer ante las instancias europeas.

El preámbulo de la futura ley de amnistía recoge implícitamente el oxímoron de la discriminación positiva. La expresión fue utilizada inicialmente para integrar socialmente a las personas con discapacidad en el mercado laboral y en el empleo público. En este caso, el fin justificaba los medios. Pero, en la actualidad, también va a servir para olvidar todo tipo de conductas delictivas de la banda separatista. Han consagrado el derecho a su propia ‘autodeterminación judicial’. Habrá una Justicia para el común de los ciudadanos y un estatuto peculiar para la casta política, en lo que es la enésima manifestación de este nuevo Derecho estamental, que establece privilegios singulares para los que se creen diferentes y cuentan con un movimiento identitario detrás.

No obstante, hay un punto en el acuerdo con el PNV, que, a pesar de su gravedad, ha pasado casi desapercibido, y que es preciso denunciar. En él se dice: «Todos los proyectos de ley que afecten a competencias de la Comunidad Autónoma Vasca contarán, en su caso, con una cláusula foral que se acordará previamente con EAJ-PNV». Es increíble, hemos regresado al ‘pase foral’, a una cláusula que hubiera hecho saltar de alborozo a los carlistas decimonónicos. Hemos retrocedido al Antiguo Régimen.

Y retroceder al Medioevo se pacta en nombre del ‘progreso’. En mi caso, como antiguo votante del PSOE, no entiendo el troceo de los derechos, convertidos en algunos casos en privilegios exorbitantes, por territorios y por colectivos. En mi caso, como hijo de obreros, no entiendo los pactos con las burguesías que más se enriquecieron con la inmigración interior que se produjo en España durante la segunda mitad del siglo XX. En mi caso, como exintelectual, pues una vez que abandonas la militancia izquierdista dejas de ser calificado como tal, no alcanzo a entender cómo se pactan acuerdos que pueden poner en riesgo nuestro Estado del bienestar, como el fraccionamiento de la gestión de la Seguridad Social.

En este retroceso de derechos y en esta vuelta al guerracivilismo, los ‘progresistas’ han encontrado la inestimable ayuda de grupúsculos de la extrema derecha, que incendian la calle y lanzan gritos contra la Corona. Al final, unidos por el desprecio a la monarquía, el antisemitismo y su predisposición al caos y al desorden, los extremos se juntan, una vez más, en defensa de una ucronía.

La actual coyuntura hace irrelevante la dicotomía entre derechas e izquierdas, conservadores y progresistas. En el momento actual, la división se da entre constitucionalistas y autocráticos. La Constitución se puede y se debe modificar. Lo que no se puede es vulnerar.

La libertad no consiste en hacer todo lo que nos agrada. Aunque parezca mentira, somos animales racionales.

Ángel Garcés Sanagustín es doctor en Derecho

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