Atravesamos tiempos de tribulación que muchos vivimos con no poca desolación y congoja por el presente y futuro de España. Tras una legislatura marcada por numerosos episodios de degradación paulatina de nuestro Estado democrático de Derecho hemos asistido atónitos al bochornoso espectáculo de un proceso de ‘negociación’ para la investidura presidido por las ocurrencias de unos personajes que nunca debieron tener el protagonismo que les hemos dado y que ha culminado la semana pasada con la aberración manifiesta que implica el pacto PSOE-Junts.

Durante estos días aciagos me ha venido a la cabeza el escándalo que a mediados de los 90 precipitó el final de la carrera política de un presidente aragonés, José Marco Bergés, al salir a la luz que había comprado un sillón para su domicilio particular con dinero público, por un importe no particularmente cuantioso (480 euros).

Como los lectores menos jóvenes recordarán, los hechos se remontan a la época en la que José Marco era presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, pero el escándalo explotó cuando ocupaba la Presidencia del Gobierno de Aragón, tras una polémica moción de censura que ganó en septiembre de 1993 gracias al voto de un tránsfuga. El asunto del sillón desencadenó una gran crisis política tras la cual se vio obligado a dimitir de su cargo de presidente de Aragón y fue también forzado a cesar como secretario general de su partido en nuestra Comunidad.

Comparando este asunto con lo que estamos viviendo actualmente, no puedo dejar de sentir cierta sensación de levedad en la calibración del entuerto que en su día se llevó por delante al presidente Marco, además de valorar muy positivamente la encomiable reacción política que se produjo en aquel momento

En las últimas semanas hemos visto cómo un presidente del Gobierno compraba la permanencia en su sillón presidencial mediante pactos que conllevan un precio elevadísimo que pagaremos entre todos. Lo cual constituye a mi juicio una forma de corrupción mucho más grave que la que acabamos de recordar, al menos en el terreno moral y político, y creo que debería serlo también en el plano jurídico.

Ahora lo que se compra no es un mueble doméstico sino algo mucho más relevante: el sillón simbólicamente entendido como permanencia, no se sabe por cuánto tiempo, en un cargo público, y no cualquiera de ellos, sino en la más alta magistratura política del país.

El precio que se pacta es ciertamente desorbitado, comprometiendo no sólo cuantiosos fondos públicos sino también otras actuaciones que buscan completar una operación de desguace o liquidación de la estructura operativa del Estado en algunas CCAA. Pero se ha llegado todavía más lejos entrando en terrenos hasta ahora inimaginables en las negociaciones de investidura al incorporar medidas que chocan abiertamente con el Estado de Derecho que consagra nuestra Constitución por su incompatibilidad con la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Y ello con una confesada finalidad que no puede ser en sí misma más contraria al orden democrático: evitar la formación de otra mayoría de gobierno, esto es, bloquear la alternancia política inherente a cualquier sistema político pluralista.

Es por supuesto legítima la negociación entre partidos para llegar a pactos con cesiones mutuas en aras de un bien superior, pero es corrupción, y no pequeña, estar dispuesto a cualquier cosa, sin límite alguno, a cambio de conservar un sillón presidencial.

Cierto es que la dinámica de intercambio de votos por prebendas concedidas a las fuerzas nacionalistas lleva demasiado tiempo instalada en el centro de nuestra vida política y se ha venido utilizando por tales partidos con constancia y habilidad para obtener ventajas y privilegios sin número desde una posición clave en las Cortes. Pero ahora hemos llegado al 'summum', a un extremo que debería producir un grito masivo de ‘basta ya’ capaz de enmendar nuestro sistema institucional con correcciones de calado. Es sencillamente suicida que atribuyamos a los partidos nacionalistas el inmenso poder de quitar y poner presidentes del Gobierno. En este escenario siempre tendrá ventaja el candidato que menos escrúpulos tiene.