Las casualidades endulzan sorpresas, pero sobre todo acaban denotando denominadores comunes. En España, por ejemplo, en estos tiempos de dudas sobre la unidad nacional, existen tristes cuestiones que nos unen a todos los españoles. Entre ellas, quizá una de las más sangrantes es el tremendo problema de las listas de espera sanitarias, con retrasos abismales en Atención Primaria y hospitalaria. Resulta chocante cómo personas de diversas autonomías, cuando hablan de sanidad, como si de una casualidad se tratara, acaban coincidiendo en la demora vergonzante que arrastran para que les atienda un médico. Reducir los asuntos a ejemplos particulares no es lo ideal, pero en mi entorno conozco el caso de una colonoscopia acelerada por la sanidad privada de la que no se puede negar que tal premura ‘extra’ salvó la vida de la paciente; y otro caso de revisiones cardiacas donde el paso por consulta para una mera pero útil revisión se había programado con 10 meses de retraso respecto a la cita programada. El primer caso de los descritos afectaba a Madrid; el segundo a Aragón. Así, cuando uno escucha achacar los problemas del sistema sanitario a una determinada gestión ideológica no puede sino distanciarse de ese intento de rebajar un problema de Estado a una cuestión política, como si en la orilla contraria la panacea de consultas en tiempo, y médicas y enfermeras sin presión, fuera una realidad.

En estos días en que la idea de unidad nacional, que no debería ser otra en el fondo que la defensa de la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios esenciales, gana peso, convendría aprovechar esta estela para poner sobre la mesa una cuestión clave: que la sanidad ya es más un problema que un derecho de Estado; y que con las carencias de profesionales que se prevén, se hace cada vez más necesario un plan estatal que no deje vidas en el camino.

Un país debe permitirse tratar a sus ciudadanos como adultos: explicarles los sacrificios, las debilidades y las exigencias para sostener un Estado del bienestar. Y, como respuesta a ello, la sociedad debe poner el foco en la responsabilidad de los gobernantes sobre los problemas más pragmáticos y plausibles de la nación. Bajar al suelo de la costumbre la idea de país es una magnífica opción cuando se habla de justicia.