Pactos que socavan el Estado de derecho
Mientras crece el rechazo al acuerdo firmado con Puigdemont, y tiene especial peso la reacción negativa en el mundo de la Justicia, Pedro Sánchez sellaba ayer un pacto con el PNV que ofrece nuevos motivos de preocupación, pues puede afectar a la gestión de la Seguridad Social y recoge el compromiso de negociar el "reconocimiento nacional" del País Vasco.
Sánchez se asegura la investidura pero al precio de poner en riesgo el Estado de derecho y de agudizar las tensiones y la polarización de la política española.
El documento suscrito por el PSOE y Junts para la investidura ha tenido, entre otros efectos, el raro mérito de poner de acuerdo en su rechazo a todas las asociaciones judiciales, tanto a las llamadas ‘progresistas’ como a las consideradas ‘conservadoras’. La justificada indignación de los jueces –a la que se suma la judicatura aragonesa y a la que se han unido los fiscales y otros profesionales del derecho– deriva del compromiso que establece el pacto para investigar supuestos casos de ‘persecución judicial’ de los que el independentismo dice haber sido víctima. De modo que los socialistas están abonando la tesis de que algunas decisiones judiciales habrían estado motivadas por razones espurias.
Esta insinuación supone un ataque inaceptable a la Justicia, y las investigaciones parlamentarias que se anuncian socavarían la separación de poderes, fundamento del Estado de derecho. Es incomprensible que los socialistas hayan aceptado un desatino semejante. Aceptar ese planteamiento abriría además la puerta a amnistiar, de manera arbitraria, algunos de los muchos delitos de corrupción por los que han sido investigados importantes personalidades de Cataluña, ampliando el espacio de impunidad que se quiere crear para el ‘procés’.
Por otro lado, el acuerdo con el PNV, con el que Sánchez suma ya todos los votos que precisa para volver a ser presidente del Gobierno, incluye puntos que también generan inquietud. El compromiso de transferir al Gobierno vasco la gestión económica de la Seguridad Social –que presume de haber logrado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo niega– representaría un nuevo golpe a la igualdad de todos los españoles y pondría en riesgo la ‘caja única’ que paga las pensiones. Los nacionalistas vascos consiguen también que el PSOE se avenga a negociar, como con el separatismo catalán, "el reconocimiento nacional" del País Vasco. Otro despropósito con el que parece que se pretende modificar el diseño del Estado autonómico en una negociación bilateral que dejaría de lado a la gran mayoría de los españoles.
Todo indica que Sánchez seguirá siendo presidente del Gobierno, pero infligiendo un tremendo daño a la democracia española.
