El PSOE (el PSC ha sido ignorado hasta la humillación) y Junts han llegado a un acuerdo de extraordinaria relevancia y gravedad. Es preciso leerlo detenidamente para comprender las razones de esta afirmación. Sería un grave error ignorar la trascendencia de la literalidad de los antecedentes que sirven de base al contenido nuclear del acuerdo.

Por más que se pueda subrayar su carácter retórico, contienen afirmaciones, suscritas por las dos partes, de particular gravedad para la credibilidad del Estado. En ellos, el PSOE asume en su totalidad el relato del independentismo. No es obstáculo que se falte manifiestamente a la verdad, como cuando se subraya "una participación masiva en favor de la independencia de Cataluña". Paradójicamente, hasta queda cuestionada la propia actuación del PSOE, que avaló la aplicación del artículo 155.

El epígrafe dedicado, de forma rimbombante, a "la oportunidad histórica" contiene una afirmación que no por ser implícita puede pasarse por alto: "Los acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya". Traducido: al reconocimiento de la autodeterminación. Junto a ello, PSOE y Junts se arrogan una representación que no poseen. En todo momento se habla por la totalidad del pueblo de Cataluña. No es ocioso recordar que los catalanes relegaron a Junts a la quinta plaza, con 76.483 votos menos que el Partido Popular (que también superó a Esquerra).

Todo lo anterior prepara para lo peor, el contenido concreto de los acuerdos. De entrada, el PSOE limita su rechazo a una posible acción en favor de la independencia al hecho de que sea unilateral. Lo que concuerda con la aceptación de negociar un referéndum de autodeterminación sobre la base del artículo 92 de la Constitución (único precepto del texto constitucional que se cita). Hay que reiterarlo: en ningún caso ese artículo ampara la celebración de un referéndum cuyo contenido atentaría flagrantemente contra la Constitución. La segunda cuestión se refiere al reconocimiento para Cataluña de una cláusula particular en materia financiera. Es decir, de un régimen privilegiado de financiación. Como tantas veces, sorprende que partidos que dicen tener la solidaridad como bandera amparen acuerdos reaccionarios y profundamente injustos. Por supuesto, tampoco tiene amparo en la Constitución. Finalmente, se acuerda una ley de amnistía con vocación de cubrir todas las acciones que Junts considera injustamente penadas. Para comprender la incompatibilidad radical de un texto semejante con el Estado de derecho, baste recordar que la norma ha sido elaborada por sus principales beneficiarios.

Y un breve comentario sobre la mediación internacional. Si bien puede parecer que posee una relevancia menor, no es así. Someter al Estado español a un verificador internacional implica no sólo su humillación. También, sobre todo, la aceptación de un orden cuasi colonial, en el que Cataluña sería esa nación oprimida exaltada por los independentistas.

Desde una profunda tristeza, es hora de acabar. Lo hago desde el convencimiento de que este documento y, por ende, la investidura que sostiene, debilita seriamente la legitimidad democrática del Estado constitucional español. Lo hace porque las partes firmantes se arrogan una representación que no poseen y porque la puesta en marcha de lo suscrito implicará, necesariamente, un cuestionamiento severo del Estado de derecho y la reducción de la Constitución al territorio de la retórica.